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QUITO. En medio del receso legislativo, el presidente de la Asamblea y miembro del buró de PAIS, Fernando Cordero, reapareció ayer para informar sobre cambios que tendría el proyecto de ley.

Tras una reunión técnica entre las autoridades del Ejecutivo y el Legislativo, del lunes, el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero (PAIS), anunció ayer que el 30% de la Ley Orgánica de Educación Superior será vetada por el mandatario Rafael Correa.

El Ejecutivo “mejorará” el articulado sobre el destino de los fondos que sobran en las universidades, porque en el texto aprobado por la Asamblea se “insinúa” que van para investigación, pero en realidad queda abierto a que sea o no sea así.

Cordero indicó que la ley no puede permitir que la falta de efectividad y trabajo se premie dejando guardar a las universidades el presupuesto que no pudieron ejecutar. Será permitido si hay programas de investigación que lo justifiquen.

Se “corregirá” el artículo en el que se da un trato excepcional a las universidades privadas al darles la facultad de desempeñar sus funciones por tiempo indefinido incorporando la palabra “pública” en el texto. “Ese es un desliz que hay en la Ley”, dijo Cordero.

Partiendo de la premisa constitucional de que la educación no es con fines de lucro, el oficialismo no está de acuerdo en que las universidades privadas tengan que pagar impuestos y tasas aduaneras.

Con la nueva ley, todas las universidades deberán publicar sus gastos y si hay excesos en la universidad pública intervendrá la Contraloría y en la privada la Superintendencia de Compañías.

“Creo que cada vez son más maduras las relaciones entre los dos poderes”, indicó Cordero al informar que la integración del Consejo de Educación Superior no será vetado.

El Consejo se quedará con seis integrantes de la academia y cuatro ministros que tendrán la función de coordinar y el Presidente no designará a su titular, “a menos que cambie de opinión (Correa)... siempre tiene la última palabra”.

Mientras que el Mandatario dijo ayer que se insistirá en contar con la rectoría de la Secretaría Nacional de Educación, pues los asambleístas “le quitaron” esta potestad.

Otro aspecto que negará tiene relación a la homologación de títulos. El Mandatario denunció que algunas personas que estudian en el extranjero no regresan a Ecuador, pues acá sus títulos no son reconocidos, y se da una “fuga de cerebros”. Sostuvo que no cederá ante la “ambición” de ciertos rectores y que se insistirá en la postura inicial del Gobierno: pedir un listado de las universidades que son reconocidas a nivel internacional para que esos títulos sean homologados de forma gratuita.

Otros temas
Ley de Tierras
Según el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, la función social de la tierra es justamente producir y no es muy correcto hablar de una sola cantidad de hectáreas (500) como base para la redistribución de la tierra que no esté en producción, como lo propone el anteproyecto de Ley de Tierras, que está en discusión, porque las condiciones de la Costa, la Sierra y la Amazonía son muy distintas. Mientras que el mandatario Rafael Correa aclaró ayer que el anteproyecto de esa ley ni siquiera lo conoce el régimen, pues fue remitido por una organización no gubernamental. Recalcó que el oficialismo está en contra “en principio” de cualquier forma de confiscación y que se está haciendo un escándalo de un tema cuyo trámite aún demora.

Próxima convención
El buró del movimiento oficialista Alianza PAIS debatió sobre la realización de la Asamblea y se definió que tendrá una duración de dos meses, desde el 8 de septiembre próximo y terminará entre el 14 y 15 de noviembre de este año, en Guayaquil. “Es un proceso itinerante de participación política, porque queremos que haya mucha participación”, indicó Fernando Cordero, quien también es parte de ese buró. El debate sobre los detalles de la Asamblea Nacional del movimiento de Gobierno continuará en esta misma semana, según informó el titular de la Asamblea.