- AGO. 22, 2010 - Foto - Política - EL UNIVERSO
El Programa de Aseguramiento Popular (PAP) que fue administrado por el Municipio lo cerró el Gobierno.
El trabajo de la Corporación de Seguridad Ciudadana se vio limitado tras el retiro de recursos por parte del Gobierno.
Con el Cootad, el Municipio de Guayaquil podría recuperar el manejo en áreas en las que ya había trabajado con el Estado.
En la consulta popular del 23 de enero del 2000, los guayasenses respaldaron con un abrumador 81,4% la autonomía. “Esta es la independencia frente al centralismo. Guayaquil y el resto de la provincia han dicho ‘basta’”, expresaba el entonces alcalde, León Febres-Cordero, tras el triunfo.
La consulta popular de ese año, que se repitió en otras ciudades del país, constituyó una de las mayores manifestaciones de los habitantes y autoridades de la urbe porteña para exigir la autonomía y descentralización.
El tema se estancó en el Congreso, pero la campaña con foros, marchas y discursos para exigir el cumplimiento de la voluntad popular no cesó, mientras que en su afán por la descentralización el alcalde Jaime Nebot apostó por “hacer autonomía al andar” y encaminó su administración al manejo compartido con el Gobierno en áreas de salud y educación, y con empresa de carácter privado en el tema de aeropuerto.
A diez años de la consulta, la aprobación del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomías y Descentralización (Cootad) por la Asamblea Nacional, el pasado 11 de agosto, abre las puertas a esa ansiada autonomía que desde ya tiene reparos. La repartición de los recursos no está clara y en el caso grandes ciudades como Guayaquil resultarían perjudicadas, se quejan autoridades locales.
El manejo de competencias inquieta a la Junta Cívica de Guayaquil y su titular, Miguel Palacios, argumenta esa preocupación con lo ocurrido con temas bandera de la ciudad como el Programa de Aseguramiento Popular (PAP) y la Corporación de Seguridad Ciudadana, a los que el gobierno de Rafael Correa eliminó y retiró el apoyo económico, respectivamente.
El PAP firmado en noviembre del 2005 entre el Municipio de Guayaquil y el Gobierno estaba dirigido a los beneficiarios del bono de desarrollo humano, cuya atención llegó a 450 mil familias de sectores populares de la ciudad, cumpliendo con estándares de calidad, refiere Samia Peñaherrera, quien fue gerente del plan hasta enero pasado cuando el Ejecutivo asumió la administración del plan.
La competencia también se limitó a la Corporación de Seguridad Ciudadana, creada en marzo del 2006, en un convenio entre el Municipio de Guayaquil y el Gobierno a fin de colaborar en la planificación y apoyo logístico a la Policía. En enero del 2008, el presidente Rafael Correa ordenó retirar los recursos destinados a proyectos.
El tema de la educación fue otra de las áreas de injerencia donde el Municipio participaba en la reparación de infraestructura escolar y el Gobierno, en noviembre del 2008, lo dejó a un lado porque creía que podía “hacer las cosas más rápido y mejor solos”.
“El Gobierno por un lado quita competencias y por otro las restituye, lo cual lo dudo. Es una contradicción”, dice Palacios, quien agrega que el Municipio debe asumir las competencias, pero con ‘total autonomía’.
Por ello el titular de la Junta Cívica no apuesta por las alianzas para la conformación de regiones autónomas y dice que a Guayas no le conviene porque las otras provincias no podrían aportar y más bien Guayas debería aportar económicamente al desarrollo de las otras regiones. “Nuestra postura es Guayaquil independiente y Guayas independiente”, agrega.
Este Diario buscó la postura del alcalde Jaime Nebot, pero su departamento de Comunicación indicó que él se pronunciará en los próximos días una vez que haya analizado el Cootad.
Mientras, en el cantón Milagro ya se trabaja con la meta a corto plazo de convertirse en la capital de la quinta región con las provincias Bolívar, Los Ríos, Santa Elena y Guayas incluida.
El vicealcalde Juan Bastidas recuerda que el presidente Correa se había pronunciado al respecto y por ello ya se han dado los primeros pasos, aunque reconoce que uno de los problemas que preocupan es la falta de infraestructura básica.
Refiere que ante los nuevos retos ya se han hecho las gestiones para la construcción de la nueva terminal, una vía perimetral y se estudia el lugar donde estarán las dependencias administrativas de la nueva región.
Otros alcaldes como el del cantón Daule, Pedro Salazar, prefieren esperar, pero él no descarta posibles alianzas, aunque menciona que en el 2001 intentaron trabajar en conjunto con otros cantones para la construcción de una planta de agua potable y no resultó.
En el cantón Playas, una posibilidad de alianzas se ve difícil, dice el alcalde Michel Achi, para quien la ubicación geográfica del territorio es una limitante porque lo tiene aislado del resto de cantones. “Una posible fusión sería con Guayas”, refiere y agrega que sería importante formar una mancomunidad.
El presidente de la Junta Cívica, Miguel Palacios, lamenta que Guayas por sí sola no pueda convertirse en región. Esa posibilidad existió, dice, cuando Santa Elena era parte de la provincia y tenía los 21 mil kilómetros cuadrados que se requieren, ahora no.
Andrés Roche, asambleísta por Madera de Guerrero, objeta también al Cootad por la fórmula aplicada para transferir recursos con la que se perjudicaría a Guayaquil porque se basa en valores ficticios con montos distintos y no comparables.
Roche se refiere al artículo 189 del Cootad respecto de las transferencias, según el cual los Gobiernos Autónomos Descentralizados participarán del 21% de ingresos permanentes del Estado (es decir, los corrientes, que provienen de los tributos) y del 10% de ingresos no permanentes (los de capital, que surgen de la venta del petróleo).
El cálculo de dichos montos ‘no’ está claro porque se lo considera ingresos no permanentes el financiamiento de la importación de combustibles, cuando ‘eso no es un ingreso sino un gasto’, lo que disminuiría el monto base de cálculo, explica el asambleísta.
Roche ejemplifica que en el caso de Guayaquil, según la fórmula del Cootad, del presupuesto de $ 178 millones en el 2010, subiría a $ 196 millones en el 2011, un crecimiento del 9,25%; y en el 2012 a $ 207 millones, un aumento del 5,75%. “Son cifras infladas”, afirma.
Las críticas también se dirigen a los porcentajes sobre las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) que, según los cálculos, “aparentemente” en ciudades como Guayaquil “ casi no habría necesidades insatisfechas”, refiere Roche, tras agregar que el INEC los ha ‘bajado sospechosamente’.
Las observaciones al Código apuntan también al riesgo de perjudicar a pacientes que se atienden en los hospitales, fundaciones y organizaciones que maneja la Junta de Beneficencia de Guayaquil, dice el titular de la Junta Cívica, Miguel Palacios.
El Cootad faculta a los Gobiernos Autónomos Descentralizados a financiarse a través de loterías y otros juegos, quitando así exclusividad a la Lotería Nacional, que financia en el 40% el presupuesto de la institución, refiere. Cifras del 2008 de la Junta reflejan que más de 500 mil personas fueron atendidas en los centros médicos.