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Franklin Cox, alcalde de Aguarico, tiene nueve años tratando de legalizar el cambio de cabecera de su cantón. Ahora busca conseguir eso a cambio de dar su aval para el Plan B.

El alcalde de Aguarico, Franklin Cox Sanmiguel, lleva casi nueve años intentando legalizar el cambio de cabecera de su cantón. En el 2001 salió de Nuevo Rocafuerte, ubicado en el río Napo, en la entrada al Parque Yasuní, por enfrentamientos con los concejales y trasladó de facto la cabecera a Tiputini. Aunque ha sido destituido y acusado por la Contraloría de malos manejos administrativos, se mantiene en el cargo e incluso ha sido reelegido por tres ocasiones.

Ahora busca conseguir su objetivo a cambio de dar su aval a la alternativa de explotar el Tiputini y el Tambococha, también conocido como Plan B.

Así lo denunció la asambleísta de Pachakutik, Magaly Orellana, tras haberse trasladado a las comunidades, a donde solo se puede llegar viajando seis horas con deslizador (embarcación fluvial). El hecho también es confirmado por autoridades del Municipio de Aguarico y por un informe enviado en marzo pasado por el ingeniero Mauricio Mier, funcionario de Petroecuador, que participó en conversaciones con las comunidades a finales de marzo.

De acuerdo con las informaciones que le han sido facilitadas a la asambleísta, el alcalde Cox “está negociando el traspaso de la cabecera cantonal a Tiputini y a cambio de ello se podrá iniciar el proceso de explotación”. Explicó que este también se ha mostrado de acuerdo con permitir que se instale en el sector una planta termoeléctrica que usa combustible altamente contaminante en el parque Yasuní.

En el informe de Mier se dice que tras la reunión con el alcalde, concejales, presidentes de cuatro juntas parroquiales, el comandante de la Brigada 57 de Montecristi, un representante del Ministerio del Ambiente, entre otros (en la que se trató la posibilidad e instalar la planta termoeléctrica) “existe la decisión unánime para que se implemente el proyecto ITT, con la condición de que se cumplan todos los compromisos que se acuerden en beneficio de los pobladores”.

El miércoles pasado, el procurador síndico de la Alcaldía, Fabián Romero, confirmó que los técnicos que llevan adelante el plan B han conversado con la comunidad y que los miembros de la Alcaldía: “Hemos puesto nuestras condiciones, en el sentido de que el Presidente atienda los resultados de la consulta popular”, de junio del 2008 que aprueba el cambio a Tiputini. Sin embargo, según un informe del Ministerio de Gobierno, de noviembre del 2009, existen prohibiciones constitucionales en torno a que un gobierno autónomo realice consultas sobre organización política administrativa. También dice la Constitución que solo el Presidente puede presentar proyectos de ley que modifiquen la división político administrativa.

En abril del 2010, la ministra de Coordinación Política, Doris Soliz, indica mediante un comunicado dirigido a Alexis Mera, secretario jurídico de la Presidencia, que tras un análisis se ha considerado conveniente “reconocer el resultado electoral de la consulta”. Señala que se trata de un asunto de “alta complejidad”.

Orellana comentó que estos elementos son un indicador de que el plan B avanza de manera firme. Para ella, al Gobierno no le interesa dejar el crudo en tierra y recordó que en el Informe a la Nación se ratificó que si no se presentan las condiciones se continuará con el plan B.