Enrique Rosales Ortega

Santa Elena, ¿capital de provincia?

Existen dos tipos de funcionarios públicos: los elegidos democráticamente y los designados por estos (gobernadores, jefes políticos, intendentes, etcétera), que son de libre remoción. Los primeros poseen mayor jerarquía porque representan la voluntad popular y según la nueva Constitución, solo pueden ser removidos a través de la revocatoria del mandato, cuando hayan incurrido en penalizaciones evidentes.

Del segundo grupo, el cargo de Gobernador es el de mayor relevancia porque representa a una determinada zona geográfica. Es el puente entre los habitantes de esa provincia y el Ejecutivo. Por lo tanto, debe ser una persona respetable y sensible para ejecutar la tarea. Su principal función es mantener la seguridad pública. En ciertos casos, a los gobernadores se los escoge por compromisos políticos al tener padrinos influyentes dentro del partido.

En el Registro Oficial Nº 206 del 7 de noviembre del 2007, con la firma del presidente Correa, se destaca que el cantón Santa Elena es la capital de la flamante provincia, por lo tanto, le corresponde la instalación de las oficinas públicas administrativas. Los peninsulares no hemos tenido suerte con los tres gobernadores designados hasta la fecha. Cada uno con estilo diferente, pero con un denominador común: sumisos al Mandatario y en ciertos momentos sobrados con el pueblo. Me explico: a inicios de enero del 2009, el jefe de Estado, durante uno de sus “monólogos sabatinos” realizado en la parroquia Manglaralto, comentó que había ordenado la compra por algunos millones de dólares de un edificio ubicado en Salinas –donde antes funcionaba un centro comercial– con el fin de trasladar todas las oficinas administrativas para “descentralizar la atención al público”. Que el local iba a ser provisional hasta que se regularice la situación, argumentaron los defensores del proyecto, situación que provocó el rechazo de los santaelenenses, que expresaron su indignación por el anuncio oficial. Estábamos en plena campaña electoral. Al ex alcalde Gonzabay, que esperaba la nominación de AP para su reelección, obligado por la circunstancia no le quedó más que convocar a un cabildo ampliado para que los ciudadanos se pronuncien. El anterior gobernador se hizo el desentendido. La anterior prefecta, igual. Se nombró una comisión para ir a Carondelet con el fin de presentar formalmente el reclamo. Nunca fueron atendidos. El Gobierno se burló de los santaelenenses y de Gonzabay, que perdió la reelección. “Así paga el diablo a sus seguidores”, dice un refrán popular.

A mediados del 2009, la actual gobernadora –fiel funcionaria del régimen– se encargó de dictar el estado de emergencia para la remodelación del edificio por cientos de miles de dólares, ejecutado mediante contrato otorgado “a dedo”. En diciembre del 2009, mediante fastuosa ceremonia se consumó el hecho y hoy funciona el Centro de Atención Ciudadana. En la actualidad no hay visos de un proyecto definitivo para trasladar esas oficinas a la capital de la provincia. ¿Y los provincializadores, las fuerzas vivas y la Junta Cívica de Santa Elena han reaccionado? Es una lástima que no tengamos a un representante elegido democráticamente que reclame altivamente por tanto abuso.