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Una de las familias que participa en el Programa de Víctimas y Testigos se oculta en la vivienda de un amigo.

Personas que dicen haber sido testigos de asesinatos han denunciado en la Defensoría del Pueblo y en organismos de derechos humanos haber vivido en zozobra y sentirse amenazadas cuando participaron en el Programa de Protección de Víctimas y Testigos de la Fiscalía, que funciona con nuevas normas desde el 2007.

El programa, que representa una herramienta clave en el proceso penal para ayudar en las investigaciones en los casos de crímenes, no tiene mayor acogida, pese al creciente ambiente de inseguridad.

Cifras de la Unidad de Ejecución Especializada de la Policía revelan que entre enero y mayo pasado el número de asesinatos en el país fue de 1.220; 84  más que en el mismo periodo del 2009. Las autoridades policiales y de la Fiscalía, ante los reclamos por resultados en las investigaciones de estos hechos violentos, aducen que muchos casos no se pueden investigar porque los testigos o los familiares “no colaboran”.

En casos de asesinatos o narcotráfico, que se extienden en el país, las víctimas o testigos  no denuncian por temor y porque no ven garantías de seguridad, dicen representantes de la Defensoría del Pueblo y de derechos humanos.

La mañana del pasado 7 de febrero del 2010, dos policías sometieron a un hombre de 22 años mientras jugaba naipes con tres amigos en un sector del Guasmo, al sur de Guayaquil. Hubo un forcejeo, uno de los gendarmes soltó al joven y cuando intentó correr le asestaron tres disparos, dos de ellos en la espalda. “Anda coge esa hue... y cuidado con decir algo, porque te matamos”. La advertencia la hicieron al hermano y sobrino de la víctima, quienes presenciaron el asesinato.

Así consta en la denuncia dejada el jueves de la semana pasada en el Comité de Defensa de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo, adonde acudieron en busca de ayuda David y José –dos hermanos del victimado– junto con sus familias, quienes en marzo pasado ingresaron al Programa de Protección de Víctimas y Testigos de la Fiscalía, del cual se quejan porque, dicen, no funcionó la protección policial ofrecida.

Los familiares del joven asesinado también acusan a los policías que aseguran haberlo mataron por estar involucrados con una banda de narcotraficantes y sicarios que operan en ese sector del Guasmo.

Magdalena, esposa de David, relata que tras denunciar el asesinato en la Fiscalía fueron intimidados. Recuerda que el 7 de marzo, miembros de una banda de ese sector llegaron al domicilio, hicieron disparos y exigieron que retiren la denuncia. Luego llegaron seis patrullas con varios uniformados, entre ellos los policías acusados del asesinato, quienes rompieron las puertas de la vivienda y se llevaron detenidos a los dos hermanos. Entonces huyeron y se escondieron en una casa de caña de un amigo.

A fin de protegerlos, la Fiscalía los incluyó en el programa como testigos protegidos desde el 3 de marzo pasado.

El programa, creado por decreto ejecutivo en el 2002 para garantizar la seguridad de las personas que denuncian delitos y el aporte en el proceso penal, fue reemplazado con el decreto 528 del 7 de agosto del 2007, que estableció un nuevo reglamento para ese plan.

Según el literal b del artículo 5 de esa norma, una de las funciones del programa es “formular, planificar y ejecutar servicios tendientes a proteger a víctimas, testigos y demás participantes en el proceso penal, que hayan colaborado en la justicia y que estén siendo objeto de amenazas o agresiones...”.

Magdalena dice que eso no se cumple, y que por eso decidieron romper el silencio y denunciar las falencias.

El plan tampoco convenció a Esther, una mujer víctima de amenazas tras denunciar un daño ambiental por contaminación en el 2008. “No se da seguridad porque los patrulleros están ocupados”, cuenta en la denuncia dejada en la Defensoría, adonde acudió para solicitar protección.

Tras no encontrar apoyo mientras permaneció en una de las casas de protección del Programa de Víctimas y Testigos, Juan también acudió a la Defensoría en busca de ayuda, pues dice haber presenciado un asesinato en junio del 2009.

El coordinador del Programa en Guayas, Byron Castro, rechaza los cuestionamientos. Dice que estas personas “deberían estar agradecidas por la ayuda” que se les ha dado y alaba las bondades del programa que en Guayas maneja 344 casos con un total de 743 protegidos.

El plan está presente en las 24 provincias con 2.014 casos y la protección a 3.625 personas.

Después de Guayas, Azuay, con 218; Pichincha, 212; El Oro, 196; y Manabí, con 188, son las provincias con mayor número de casos en el país.

El 90% de los acogidos son personas de escasos recursos, por ello el programa comprende un plan integral. Además de apoyo psicológico, los protegidos reciben bonos de alimentación, bonos educativos. Pero esa asistencia no es para todos, aclara Castro, quien asegura que en el caso de los hermanos David y José, se les entrega $ 150 mensuales para alimentación y se dio $ 300 a cada familia para compra de útiles escolares y uniformes, aunque los beneficiarios dicen que no recibieron el dinero en efectivo y que los gastos fueron mínimos.

Entre los protegidos, la mayoría corresponde a víctimas por delitos sexuales. En Guayas, por ejemplo, significa el 80%, mientras que por delitos contra la vida es el 10% y otro 10% por misceláneos. En el país, la violencia sexual representa el 60%, 20% los delitos contra la vida, 10% los delitos contra la propiedad y otro 10% por misceláneos.

El predominio de casos por delitos sexuales obedece a que son los delitos que más se denuncian, mientras que en los de asesinatos o narcotráfico, que se incrementan y se extienden en el país, las víctimas o testigos no denuncian por temor y porque no ven garantías de seguridad, coinciden representantes de la Defensoría del Pueblo y de Derechos Humanos.

Así, el programa creado como una herramienta clave en el proceso penal para ayudar en las investigaciones, en los casos de crímenes no tiene mayor acogida. Esto, en medio de un escenario violento en aumento. Cifras de la Unidad de Ejecución Especializada de la Policía revelan que entre enero y mayo pasado el número asesinatos en el país fue de 1.220; 84 más que en el mismo periodo del 2009.

El funcionamiento del programa también fue el blanco de críticas del relator de la Organización de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, Philip Alston, tras su visita al país el mes pasado. Él refirió que en parte, la impunidad se debe a que los testigos tienen temor a poner denuncias y a rendir testimonios. “Casi todos los testigos y las víctimas con los que hablé temen por su propia vida”, señala en su informe.

Alston indica que si bien este programa brinda distintos grados de protección, se encuentra lejos de estar en condiciones de otorgar una verdadera seguridad a muchas personas que la necesitan. Otras víctimas ni siquiera saben que existe, y algunas que se encuentran en grave peligro lo ven como algo muy cercano a la Policía y a la Fiscalía, lo que no les da confianza.

El jefe del programa, Christian Lombeida, se muestra molesto con las observaciones del relator y prefiere destacar los avances conseguidos. Dice que en un año ha logrado subir el prepuesto de 90 mil dólares a un millón de dólares y de 70 policías a 200. Refiere además que de 31 protegidos que había en el 2003, ahora hay unos 3.600.

Explica que las personas que ingresan al programa lo hacen de manera voluntaria y se les asigna medidas de protección y responsabilidades según el nivel de riesgos de amenaza.

En un caso de riesgo catalogado como normal o mínimo, que va entre el 1% y 30%, y que según Castro se basa en parámetros internacionales también utilizados para dignatarios, las medidas se limitan a sugerencias y recomendaciones a las personas.

Las medidas de protección aumentan según la vulnerabilidad; el nivel máximo (91% a 100%) implica el trasladado a casas de seguridad o a otra ciudad, afirma y agrega que al caso de la familia de José y David se le consideró un nivel de riesgo medio-bajo, 41% a 50%, y se determinaron visitas de la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) con horarios específicos.

Pero no ocurrieron, se queja Magdalena. Uno de los gendarmes de la zona donde viven estos “testigos protegidos” dice no conocer a las familias ni las disposiciones de dar seguridad ni haber recibido capacitación.

Esa misma sensación de inseguridad siente Rebeca, testigo de un crimen ocurrido el año pasado. “Al inicio (refiriéndose a los policías) venían todos los días, pero después de un mes no vinieron más. Se debe mejorar la parte de la protección policial”, cuenta. Ella, quien aún es parte del sistema en Manabí, y sus familiares temen represalias de aquel a quien acusaron, el cual ya fue sentenciado. “La sentencia se dio a los nueve meses y, de esos, unos ocho meses pasamos sin resguardo”, dice.

Otro de los testigos protegidos también cuestiona la falta permanente de resguardo policial.

“Llamaba a informarles, pero no llegaban, así que me tocaba salir sin ellos; solo cuando debía declarar o algo relacionado al proceso, me recogían y me llevaban a la Fiscalía”, recuerda el hombre, testigo de un asesinato ocurrido el año pasado.

Debilidades financieras y administrativas, falta de especialización en personal civil y policial por falta de recursos, y fallas de enfoque son los principales limitantes que enfrenta el Programa de Protección de Víctimas y Testigos de la Fiscalía General del Estado, a criterio de Patricio Benalcázar, director nacional de Protección de la Defensoría del Pueblo.

La falta de infraestructura física adecuada que garantice seguridad, dignidad y condiciones básicas para las víctimas es otra de las observaciones.

El programa cuenta con dos casas de seguridad en el país, donde han permanecido incluso familias, aunque ahora solo se la utiliza como lugar de tránsito porque se convierte en blanco peligroso, indica Lombeida.

En una de esas casas la familia del joven asesinado permanece en el Guasmo, para “estar más seguros” mientras sigue el caso que aún se encuentra en etapa de indagación previa. Los policías no han sido detenidos, porque aún no han sido identificado por sus nombres en la Fiscalía.