El 26 de julio recién nos enteramos que durante 40 años de producción petrolera en la Amazonía, el petróleo no fue nuestro. Ni la renegociación de Jarrín Ampudia en los setenta, ni los distintos cambios de fórmulas contractuales de los ochenta y noventa, hicieron que el petróleo sea nuestro.

Ni siquiera los cambios al reparto de la renta petrolera impulsados por el actual Mandatario. Durante tres y medio años, la revolución ciudadana toleró que el petróleo fuera de las empresas.

Eso es lo que nos quiere hacer creer Fernando Cordero, para justificar el boicot de Alianza PAIS a la labor de la Asamblea; para que un proyecto de reformas a la Ley de Hidrocarburos entre en vigencia sin que se pronuncien los legisladores. No contaron ni los aportes de la bancada de PAIS.

El petróleo siempre fue nuestro. Es un recurso natural que el Estado permite lo explote una empresa privada mediante el pago de regalías, adicionalmente a los impuestos normales, o pagándole el Estado por los servicios que presta, reservándose el Estado la producción. Esas son las dos modalidades de contratación. Todos los distintos contratos son variaciones de la una o de la otra.

Al contratar con operadoras privadas, lo importante es que se determine cuál es la riqueza petrolera del país y que se la explote a cabalidad dentro de un horizonte previsto, para no dejar una riqueza bajo tierra el día que los combustibles fósiles se tornen obsoletos.

Que esto se haga con el mínimo impacto ambiental.

Que el Estado maximice la renta petrolera, sin excederse al punto que se desaliente la inversión privada.

Que la empresa tenga derecho a levantar crudo, o que el Estado reciba todo el crudo y lo venda a la misma u otras empresas, no conlleva ninguna implicación de soberanía. Son cosas a pactarse de acuerdo a lo que más convenga al Estado.

Cabía que el Ejecutivo mande una nueva Ley de Hidrocarburos, porque la actual está muy remendada. Hubo un proyecto de nueva ley, pero con algunas disposiciones absurdas, por lo que el ministro actual, quizá para ser menos obvio en las rectificaciones que introdujo, prefirió enviar reformas puntuales y no una ley íntegra.

Entran en vigencia ciertos cambios necesarios: Que el Estado constituya una entidad que ejerza el derecho sobre las reservas petroleras, y que contrate su exploración y explotación. Conceptualmente era un error delegarle ese papel a la empresa estatal.

También es un acierto fortalecer la supervisión sobre la operación petrolera, puesto que la DNH estaba muy venida a menos.

Lo crítico es que la nueva forma contractual que se introduce resulte en atraer capital de riesgo para detectar nuevas reservas petroleras, así como para incrementar el factor de recuperación de los campos existentes, y aumentar la producción y la renta petrolera que alimenta al Tesoro Nacional.

Sobre esto, y hasta que no haya evidencia de lo contrario, me mantengo escéptico. Me temo que vamos a seguir siendo testigos que el capital petrolero se dirige a Colombia y Perú y no al Ecuador, a pesar que nuestro país presenta un menor riesgo geológico.