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ESMERALDAS. La rehabilitación en la principal refinería empezó hace un par de semanas. Sus instalaciones datan de 1977.

En el Gobierno se conoce  lo complicado que será empezar la renegociación de contratos con las petroleras privadas con la Ley de Hidrocarburos, que entró en vigencia esta semana por el Ministerio de la Ley.

Mientras, el presidente de la República, Rafael Correa, ayer se mostró  abierto a una “reforma razonable” a la recientemente aprobada Ley de Hidrocarburos. Dijo que será “bienvenida”.

Tal como entró en vigencia esta semana la ley de reformas a las reglas para hidrocarburos, el Estado recibirá entre el 90% y el 98% de la ganancia del petróleo (renta), luego de los gastos y costos, generados en los 34 contratos con las compañías privadas, y que en 120 y 180 días se renegociarán.

Sin embargo, la probabilidad de que las empresas acepten las nuevas condiciones resulta incierta. El ministro de Recursos no Renovables, Wilson Pástor, admite problemas cuando se sienten con las petroleras: “La renegociación será difícil, hay compañías que podrían no aceptarla”.

Por ello un escenario probable, de acuerdo con analistas petroleros como Héctor Paz y Miño, Fernando Villavicencio y Augusto Tandazo, es que las empresas prefieran retirarse, pues paralelamente la nueva ley abre la puerta a importantes indemnizaciones por parte del Estado en caso de que estas se rehúsen a aceptar los nuevos modelos. De esta manera, las nuevas empresas que llegarían al país serían las estatales de países amigos, a las cuales, según la ley, se podría entregar las actividades de exploración y/o explotación, sin necesidad de una licitación.

Es que la nueva Ley de Hidrocarburos entregará a las empresas privadas una tarifa fija que se calculará luego de apartar 25% del margen de soberanía para el Estado.

Esta nueva distribución, que se aplicará en el nuevo contrato de prestación de servicios, reducirá en cuatro veces la utilidad de las empresas.

De acuerdo con Héctor Paz y Miño, presidente del Comité de Energía de la Cámara Ecuatoriano Americana (Amcham), al desglosar el precio de un barril de petróleo calculado en $ 61, una empresa operadora de un campo marginal recibiría $ 9,84 por ingreso de la contratista, pero de ese monto debe pagar obligaciones contractuales, inversiones, transporte y comercialización y gastos administrativos. Así, al final, se queda con una utilidad neta de $ 1,05 por cada barril entregado.

El resto del precio, es decir $ 51,16, iría para el Estado. Pero además, este recibiría $ 0,197 por el 12% de utilidades que se entregarán a las comunidades y $ 0,35 por el Impuesto a la Renta que pagan las petroleras al Servicio de Rentas Internas (SRI). En total, la renta para el Estado es $ 51,71 por cada barril de petróleo. Esta cifra representa el 98% de la ganancia.

Antes de las reformas a la ley, el ingreso neto para el Estado era de $ 46,66 y para las empresas era de $ 4,97.

El Ministerio de Recursos no Renovables se ha pronunciado en que la totalidad de la producción petrolera será propiedad del Estado al cambiar el modelo y que las empresas privadas ya no se beneficiarán del ingreso extraordinario.

El problema es que esta utilidad es más baja que las que se ofertan en Colombia y Perú (40%), por lo que las empresas serias podrían buscar invertir en esos destinos y ya no en Ecuador, de acuerdo con el criterio de Paz y Miño.

En este sentido, la nueva política ecuatoriana no es compatible con el incentivo a las inversiones privadas. El experto se pregunta de dónde saldrán los recursos líquidos para iniciar los procesos de exploración. Para que haya mayor producción se necesita que haya ingentes inversiones en exploración, desarrollo y luego en la explotación. Pero el Estado no tiene esos recursos.

Augusto Tandazo, analista económico, considera que el verdadero objetivo de la ley es que cuando finalicen los contratos petroleros por expiración del plazo, caducidad o terminación de mutuo acuerdo, no se reviertan los campos petroleros a la empresa pública Petroecuador sino a la Secretaría de Hidrocarburos, para así decidir si se los entrega a Petroecuador o a empresas estatales extranjeras.

En este contexto, Fernando Villavicencio, analista y ex sindicalista petrolero, explica que aplicar este modelo a las empresas estatales como Petroecuador, daría pie a un verdadero atraco.

Adicionalmente advierte que las empresas estatales internacionales buscarán quedarse con los campos ya en producción. Explica que ahora mismo está en proceso de adjudicación el campo Shushufindi (considerado una de las joyas de la Corona) a la empresa Brakie Kalila, de Indonesia, subsidiaria de Pertamina.

Tandazo comenta que en la legislación no hay una verdadera separación entre lo que son los campos con reservas probadas y en explotación. Para este experto debería haber tarifas diferenciadas.

En cambio, Paz y Miño señala que el Gobierno está equivocado al pensar que va a tener ingresos importantes por el Impuesto a la Renta y por el 12% de utilidades que pasarán de los trabajadores al Estado (el 3% se mantendrá para la nómina y completará el 15% que la ley manda para repartir las ganancias). Esto no resulta así, pues esos rubros son directamente proporcionales a la reducción de las empresas. Si en el ejemplo, con la anterior ley, el pago de impuesto era de $ 1,66 por barril ahora solo será $ 0,35 y mientras las utilidades eran de $ 1,17 por barril con el modelo anterior ahora se reducirían a $ 0,24.


Recuento: Gobiernos anteriores
Servicios
Según el ex sindicalista Fernando Villavicencio, los primeros contratos de prestación de servicios se firmaron en los gobiernos de Osvaldo Hurtado y León Febres-Cordero. El cambio participación se dio en los gobiernos de Sixto Durán-Ballén, Abdalá Bucaram y Jamil Mahuad. Villavicencio recordó que la entrega de los principales campos marginales la realizó el actual ministro Wilson Pástor en el régimen de Durán-Ballén.

Cambios a Santa Fe
Agrega que fue Pástor quien también cambió de servicios a participación el contrato con la petrolera Santa Fe, encargada del bloque 11, y luego pasó a trabajar en esa empresa.

Textuales: Postura
Héctor Paz y Miño
Comisión de Energía Amcham
“Si este esquema interesa a alguna contratista, buscaría inflar costos... Negociada la tarifa, bajarán inversiones para reducir el componente de amortización”.