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QUITO. En las dos últimas semanas el bloque del oficialismo intentó acelerar la aprobación de proyectos de leyes en el pleno de la Asamblea Nacional, sin éxito.

La Asamblea inicia su segundo año de funciones bajo dos advertencias que nacen desde el oficialismo: la aprobación de leyes vía consulta popular y la aplicación de la ‘muerte cruzada’, que mandaría a la casa a los asambleístas mientras que el presidente Rafael Correa gobernaría con decretos hasta que se realicen nuevas elecciones para ambas dignidades.

Los anuncios lo hicieron prácticamente al mismo tiempo los presidentes de la República y de la Asamblea, Fernando Cordero, los dos líderes del movimiento oficialista PAIS, luego de que la oposición tachó de ilegítimo el segundo informe sobre la Ley de Comunicación y –a raíz de eso– alcanzó a recolectar 62 firmas con las que se buscaba impedir la aprobación del proyecto oficialista de inmediato, como era la intención de la bancada gobiernista.

Este hecho, más la falta de votos para la Ley de Educación Superior, la negación de la Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado y, la entrada en vigencia por el ministerio de la ley de la Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos y Ley Tributaria marcaron el caos en el Legislativo porque, entre otras cosas, a PAIS se le fue de las manos el control de la mayoría en el pleno.

Mientras el oficialismo tuvo los votos suficientes para aprobar leyes, ni Cordero ni Correa hablaron de la posibilidad de realizar consultas prelegislativas o consultas populares, pese a que en el caso de las primeras era una obligación constitucional que no fue aplicada en leyes, como la minera, y tuvo que esperar a una sentencia emitida por la Corte Constitucional para que Cordero recuerde que existen.

Ni siquiera cuando el oficialismo se partió en dos por el juicio político contra el fiscal general Washington Pesántez, se llegó a mencionar la ‘muerte cruzada’ porque al final, ese rompimiento no se tradujo en los votos y no pasó de la actitud crítica de un sector de PAIS. En el ámbito legislativo y en el resto de procesos de fiscalización que se dieron después se mantuvieron unidos.

La diferencia que el bloque de gobierno establece entre las consultas prelegislativas y populares es que las primeras –en las que los resultados dependen del movimiento indígena– no son vinculantes, mientras que las segundas –de autoría del Ejecutivo– sí serán de cumplimiento obligatorio.

Existe un sector del oficialismo más conciliador que reconoce errores y hace propuestas. Virgilio Hernández (PAIS), reelecto como uno de los seis coordinadores del oficialismo en la Asamblea, manifiesta que su bloque tiene que “releer su política legislativa”.

“Creo que todavía a PAIS le cuesta asimilar que el escenario de la Asamblea Nacional no es el escenario de Montecristi (en la Constituyente, donde tenía cerca de 90 votos a favor de un total de 130 asambleístas)... Creo que muchas ocasiones, (PAIS) puede haber maltratado a quienes son sus aliados o sus posibles aliados... Toca pensar en una política de alianzas”, indica proyectándose hacia los tres años que le queda de funciones.

Enrique Herrería (de Madera de Guerrero) manifiesta que uno de los problemas en el Legislativo se da a causa de la actitud “soberbia” del presidente Correa, quien “no entiende que la obligación primordial del Parlamento es controlar los actos de la Función Ejecutiva”.

Si el presidente de la República continúa con “comportamientos arrogantes, cuasidictatoriales es perfectamente predecible que la crisis política se va a agudizar... Los asambleístas de oposición demandamos cordura y respecto a la Función Legislativa para beneficio del país”, sostiene Herrería.

Y agrega que “un cuerpo legislativo no puede ceder frente a los chantajes que quiere imponer el presidente Rafael Correa, quien está amenazando (de ‘muerte cruzada’) sin querer llegar al fin, porque va a ir con un número disminuido de asambleístas sobre el que ya no pesará la espada de Damocles, porque la ‘muerte cruzada’ se puede aplicar una sola vez”.

En tanto, César Montúfar (CDN) señala que la Asamblea no está allí para aprobar las leyes que el Ejecutivo quiere, sino para deliberar y discutir.

“Es una concepción absolutamente autoritaria y antidemocrática que se considere que el papel de la oposición es colaborar para que el proyecto político del gobierno se consolide, no pues, nosotros hemos sido elegidos exactamente para lo contrario”, dice Montúfar.

Teodoro Bustamante, analista político, considera que la amenaza de la ‘muerte cruzada’ es “interna”, dirigida al movimiento PAIS. “Es una amenaza con la cual el presidente (Correa) quiere poner en orden a sus asambleístas, que sean obedientes”.

Después de los anuncios de consultas y ‘muerte cruzada’, sectores como los ex ADE y Alianza Libertad se mostraron más flexibles hacia la aprobación de la Ley de Educación Superior, por ejemplo, y el oficialismo se muestra más confiado de tener más de 70 votos.



Visiones contrapuestas: Panorama en Gestión Legislativa
Virgilio Hernández
Coordinador de PAÍS
“...A PAIS le cuesta asimilar que el escenario no es el de Montecristi... Pudo haber maltratado a sus aliados...”.

Enrique Herrería
Madera de Guerrero
“La crisis política se va a agudizar si (Correa) sigue con comportamientos arrogantes, cuasidictatoriales”.