Jueves 29 de julio del 2010 Política

Ejecutivo revisa los clasificados

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SIGCHOS, Cotopaxi. En su enlace 179, el presidente Rafael Correa pidió que se investiguen los anuncios de prensa.

Anuncios como “Préstamos de dinero por consignación”. O “Gana $ 200 mil, invirtiendo mil”, son criticados por el presidente Rafael Correa, quien pidió a la Fiscalía y a la Superintendencia de Bancos que investiguen este tipo de publicidad que se pauta en la prensa.

En su enlace 179 del pasado 17 de julio, desde Sigchos (Cotopaxi), Correa dijo que esa y otra clase de mensajes están relacionados con delitos de captación de dinero fuera del sistema financiero, violación a la intimidad, o trata de blancas, y responsabilizó a la prensa de propiciar esas actividades “por unos cuantos dólares”.

Pero, según la Ley Orgánica de Defensa al Consumidor, en sus artículos sobre publicidad, es el proveedor (anunciante) el responsable de la veracidad y contenido del mensaje.

María José Troya, directora de la Tribuna del Consumidor, una organización que registra las quejas de la ciudadanía, dice que en el país, además de la ley citada, no hay una normativa para reglamentar el contenido de los anuncios.

Recalca que en cuanto a la publicidad engañosa o abusiva, temas a los que se refiere la ley, “se establece responsabilidad para el anunciante, no para los medios de comunicación”.

Troya afirma que en otros países de la región sí hay leyes específicas para la difusión de publicidad, mientras que en Ecuador “ese aspecto está incorporado en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, desde la perspectiva de que los consumidores tenemos derecho a la información para tomar decisiones sobre los bienes y servicios”. Para cambiar algo tendría que modificarse la normativa vigente, añade.

Un día antes de la declaración de Correa, en España, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero anunció la intención de su gobierno de “buscar las alternativas legales” para prohibir los anuncios en los diarios sobre contactos personales para ejercer la prostitución.

El aviso causó polémica y rechazo a nivel de los editores de periódicos españoles y de organizaciones de las trabajadoras sexuales de ese país.

Ambos gremios reclamaron los derechos a la libertad de expresión y al de ejercer cualquier actividad que esté permitida por la ley.

En el plano local, la directora de la Tribuna del Consumidor dice que algunos medios sí hacen una distinción del tipo de anuncios que van a emitir, por ser parte de su autorregulación, pero Correa dice que es importante aprobar la Ley de Comunicación que se tramita en la Asamblea para controlar ese tipo de publicidad.

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