QUITO
.- Triplicar el número de jueces para llegar a 12.000 y aumentar los sueldos de quienes trabajan en la Función Judicial es una de las soluciones que plantea el presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Benjamín Cevallos, para mejorar la justicia ecuatoriana.

Datos oficiales del CJ revelan que la justicia tiene 3.731 funcionarios con nombramiento y unas 900 vacantes que deberán ser llenadas por los nuevos vocales del CJ que designe el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPC).

Parte de esas vacantes están ocupadas por 172 jueces temporales y suplentes, así como por 476 funcionarios a contrato; mientras, existen 256 cargos que no han sido llenados.

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En total, la Función Judicial tiene 4.379 funcionarios, entre aquellos de nombramiento y contrato, que incluyen a los jueces temporales.

El CJ proporcionó estos datos a EL UNIVERSO como respuesta a un recurso de acceso a la información presentado el pasado 18 de junio.

Sin embargo la información no está completa pues faltan responder tres puntos.

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El primero es que este Diario pidió también la nómina del personal que ha sido contratado por pedido de Cevallos. El presidente del CJ indicó en una entrevista que son aproximadamente 280 personas.

El segundo y tercer punto se relacionan con listados de quejas administrativas y por actos jurisdiccionales presentadas desde enero del 2008 hasta junio del 2010.

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La presidenta de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, María Paula Romo, coincidió con Cevallos sobre la propuesta de incrementar el número de jueces, pero no comparte la idea de triplicar la cantidad de funcionarios sin haber realizado antes un estudio. "Se necesita más personas que administren justicia y no más administrativos", acotó.

Romo también comparte el criterio de aumentar los sueldos de los jueces y funcionarios, pero sobre la base de resultados y eficiencia en el trabajo.

Actualmente, añadió, el sistema de remuneraciones de la justicia es arbitrario, no tiene resultados y peor relación con el despacho de causas.

Para el presidente subrogante de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Rubén Bravo, el incremento de jueces y el incremento de presupuesto es una necesidad impostergable, que los gobiernos de turno han dejado de atender.

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A esto se debe, según su criterio, la crisis que enfrenta la administración de justicia y que fue mencionada por el relator de la ONU. El problema radica, dijo, en que la falta de jueces genera inconformidad en la ciudadanía y provoca desatención de las causas que ingresan a los juzgados, donde toca esperar tres o cuatro meses para que se realice una audiencia.

Según las cifras que maneja Bravo, a los juzgados ingresan más de 1.000 causas anuales y un juez solo puede tramitar 400 causas al año. "¿Cómo puede atenderse más de 400 causas si en el año apenas 200 días son laborales?", preguntó.