QUITO
.- Los delitos graves como asesinato, homicidio y violación no serán competencia de la justicia indígena, según el proyecto de instructivo que la Fiscalía entregará al presidente de la República, Rafael Correa, para que lo remita a la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

Según el fiscal, Washington Pesántez, se busca impedir que se reediten casos como el ocurrido en marzo pasado, cuando en la comunidad de La Cocha se intentó dictar pena de muerte contra cuatro jóvenes, presuntamente involucrados en la muerte de Orlando Quishpe.

Pesántez afirmó que el reglamento fue elaborado por la necesidad que existe para regular la aplicación de la justicia indígena, a través de un reglamento que será analizado y aprobado por la CNJ.

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En esa misma línea, semanas atrás el pleno de la Corte Nacional conformó una comisión de jueces, para que elaboren un proyecto de reformas para regular la justicia indígena.

El proyecto de la Fiscalía, según Pesántez, busca cumplir el principio constitucional para la aplicación de la justicia indígena hasta que la Asamblea apruebe una Ley.

El documento determinará los casos que juzgará la justicia indígena y que la ordinaria no delegará los casos de violaciones, asesinatos y homicidios.

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Pero, dijo, es posible regular conflictos pequeños como los que se generan por hurto o abigeato (robo de ganado). Ahora, sostuvo, "cualquier presidente de una comuna puede aplicar justicia indígena y torturar a una persona. Eso no lo vamos a permitir", agregó.

Tras llamar la atención a la Comisión de la Verdad por no entregarle los expedientes para judicializar los 118 casos de violaciones a los derechos humanos cometidos en los últimos 25 años, Pesántez propuso que el sicariato sea penado con 25 a 28 años de reclusión.

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"Que no vengan a decir que ha existido el artículo 449 (Código Penal) que sanciona el homicidio con agravante por precio, porque ahora hay que aprobar un artículo que identifique esos servicios para matar a una persona por un precio", dijo.