Facilidad de acceso a frecuencias no será para todos los medios

Domingo, 4 de Julio, 2010 - 00h00
4 Jul 2010

El artículo 3 del proyecto de Ley de Comunicación establece que debe existir un acceso transparente y en igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para cumplir con el principio de democratización de la comunicación e información, pero en la sección de medios comunitarios y en el título referente a la gestión del espectro se fijan diferencias al momento de adquirir una concesión, denominada como título habilitante.

Mientras los medios públicos tendrán esos títulos por “adjudicación directa”, los privados y comunitarios deberán ir a un “concurso público” a cargo del Consejo de Comunicación, con dos delegados del Ejecutivo, uno de los Consejos de Igualdad (dirigidos por el Ejecutivo), tres designados por el Consejo de Participación y otro de las facultades de comunicación.

Según el proyecto, habrá dos filtros: la autoridad de Telecomunicaciones que otorgará el título para prestar servicios de radiodifusión sonora y de televisión y de audio y video por suscripción, conforme lo dispuesto en el Plan Nacional de Frecuencias; y el Consejo emitirá un informe vinculante como requisito previo.

Todo esto, se describe en el proyecto, se basará en un estudio semestral de disponibilidad del espectro emitido por la Autoridad de Telecomunicaciones cada seis meses a solicitud del Consejo. Además, para los medios privados y comunitarios los títulos habilitantes se extinguen en diez años y podrán renovarse por el mismo periodo. Para los públicos no existe límite de tiempo.

Para los medios comunitarios el Estado reservará el 33% del espectro radioeléctrico disponible y, la violación de esa disposición se sancionará con la destitución del responsable. Según el movimiento gobiernista, la medida quiere garantizar la pluralidad.

El argumento del oficialismo para la adjudicación directa a los medios públicos es que “el espectro radioeléctrico es de propiedad del Estado”. Cuando a Mauro Andino (PAIS), presidente de la Comisión Ocasional de Comunicación, se le pregunta cuáles entidades podrían acceder a esas frecuencias, responde: “Puede ser un ministerio, las universidades públicas, los consejos provinciales, los municipios...”.

De hecho, uno de los artículos del proyecto menciona que “en el caso de que dos o más instituciones del sector público quisieran acceder a un mismo título habilitante, su otorgamiento se determinará previo un informe vinculante del Consejo de Comunicación”.

César Montúfar (CDN) sostiene que el oficialismo confunde que los medios de comunicación públicos son del sector público, es decir, de las instituciones del Estado, cuando son de los sectores de la ciudadanía que quieren satisfacer una demanda de información.

“Eso es un discrimen en contra de los medios privados y comunitarios. Por qué los medios públicos tienen prominencia”, dice el asambleísta de oposición, para quien la creación de dichos medios debería hacerse por ley, para que al menos se justifique las razones de su existencia y sus objetivos.

Montúfar agrega que así hay el riesgo de que exista una ola de medios estatales. “Invadidos de ellos... Pronto la mayor parte del espectro va a estar en manos del sector público..., para eso van a tener que revertir frecuencias y eso es una idea política muy grande”.

Sobre la posibilidad de una concentración de frecuencias en medios públicos, María Augusta Calle (PAIS) responde que “cada ladrón juzga según su condición”, en referencia a la oposición.

Paco Moncayo (MMIN) identifica otra diferencia: Hay una sobrerregulación para los privados frente a una escasa regulación de los públicos, sobre todo en lo que no tienen que hacer esos últimos.

Pese a que en el artículo 52 del proyecto se garantiza la autonomía editorial y la independencia del poder político de los medios públicos y en el artículo 53 se señala que estos no podrán invertir recursos de su presupuesto en beneficio de un candidato, movimiento o partido político, Moncayo señala que es necesario ser más específico y profundo en estos conceptos porque de eso hay poco en el actual proyecto.

Por esta razón, agrega, también se vuelve indispensable que el Consejo de Comunicación no esté integrado por representantes de los regulados para que no sean juez y parte. “El Consejo no puede tener a ninguno de los regulados, si son regulados el sector público, privado y comunitarios, por qué el público va a estar como juez y parte”.

Posturas: Adjudicación directa a medios públicos
César Montúfar
CONCERTACIÓN DEMOCRÁTICA
“Es un discrimen... es como decir que la comunicación del Estado tiene mayor importancia frente a las otras formas de comunicación”.

María Augusta Calle
PAIS
“(Concentración de frecuencias) es lo que harían ellos (la oposición) si tuvieran esta ley y si estuvieran en el Gobierno”.

Facilidad de acceso a frecuencias no será para todos los medios
Política
2010-07-03T11:43:43-05:00
Proyecto de ley de Comunicación da trato diferente a los medios públicos y comunitarios.
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