La burocracia creció más de una cuarta parte en tres años

Domingo, 4 de Julio, 2010 - 00h00
4 Jul 2010

El gasto aprobado en el Presupuesto del Estado para el pago de sueldos en el 2010 por $ 5.837 millones, significa el 93% de la recaudación esperada por el cobro de los impuestos a la renta y al valor agregado (IVA) y el 77% de lo proyectado para inversión pública, según cifras del Observatorio de la Política Fiscal y del Ministerio de Finanzas.

Con ese gasto en recursos humanos se podrían construir 45 centrales hidroeléctricas como el proyecto Baba o financiar tres programas como el denominado Plan Relámpago, lo que significarían 261 obras viales.

No obstante, Jaime Carrera del Observatorio Fiscal estima que la cifra total del pago de sueldos bordeará los $ 6.400 millones al final del año, pues deberá añadirse el pago a empleados de entidades autónomas como las autoridades portuarias, SRI, CAE, institutos y universidades; además cubrirse una revisión de los sueldos de los médicos (en junio pasado les incrementaron $ 293 en promedio por nuevo contrato colectivo).

Eso sin contar con el anuncio que el presidente Rafael Correa hiciera en noviembre pasado, en una cadena de televisión, cuando dijo que en el segundo semestre de este año habría un aumento salarial para el magisterio, porque no era posible que el sueldo de un conserje sea $ 478 y el de un maestro que ingresa al ministerio $ 330. Promesa que ratificó hace tres meses en El Oro, donde dijo que haría “una histórica reforma salarial a los docentes”, que aún no cumple.

El Observatorio Fiscal resalta que, en términos del Producto Interno Bruto (PIB) los sueldos pasaron del 7,6% al 12%, entre el 2006 y el 2010; es decir, aumentaron en 4,4 puntos; mientras que la economía nacional creció un promedio del 3,2% en los tres años del Gobierno de Correa.

Los $ 6.400 millones que se gastarían en sueldos de todo el sector público representa el 102% más de lo pagado por ese rubro en el 2006, que fue de $3.162 millones. Ese nivel de incremento se explica, según analistas económicos y asambleístas, en una política de Gobierno que ahora ha convertido al Estado en un gran empleador.

Según el ministerio de Finanzas el total de dignatarios, autoridades, funcionarios, servidores y trabajadores del sector público se ubica hoy en 454.034, frente a 356.120 empleados que habían en el 2006.

En una publicación de Senplades, titulada Recuperación del Estado nacional para alcanzar el buen vivir, se cuestiona la agenda neoliberal de “un Estado mínimo –tanto en tamaño como en facultades–”, que lejos de achicarse multiplicó entidades públicas, reduciendo la rectoría estatal sobre las políticas públicas. Observa, además, que se asumió la transformación del Estado como un sinónimo de privatización, se hizo reformas para vender las empresas públicas y se buscó la reducción del estado vía compra de renuncias.

En este diagnóstico Senplades establece que este Gobierno encontró un complejo panorama institucional que se ha tratado de resolver con tres reformas: reorganización de la estructura institucional de la función ejecutiva, diseño de nuevos modelos de gestión de las entidades públicas para la prestación de servicios; y, desconcentración y descentralización del Estado.

Bajo esta perspectiva y una política de recuperación de la función planificadora del Estado, desde el 2007 también se crearon 17 instituciones adicionales solo en el gabinete presidencial. Se introdujo la figura de los denominados ministerios coordinadores en siete áreas: política, de desarrollo social, patrimonio, política económica, seguridad y de producción, empleo y competitividad.

Este Diario pidió al Ministerio de Relaciones Laborales datos sobre el total de instituciones públicas creadas desde enero del 2007 hasta junio del 2010, la cantidad de empleados del Estado entre el 2005 y junio del 2010, clasificados por nombramiento y tipo de contrato, además de una entrevista con el ministro Richard Espinosa. Pero hasta el cierre de esta edición los pedidos no fueron atendidos.

De acuerdo con la información que aparece en la página web de la presidencia de la República, a nivel de la función ejecutiva se crearon además los ministerios: de cultura, justicia y telecomunicaciones. Y las secretarías: general de la presidencia; la del migrante; de pueblos, movimientos sociales y participación ciudadana; del agua; de gestión de riesgos y de transparencia. Se restableció la Secretaría General de Comunicación (ya había funcionado en el 2000).

Según el Ministerio de Finanzas se crearon nuevas instituciones como la Agencia Ecuatoriana de Cooperación Internacional (adscrita a la Senplades), Plan Ecuador, la Unidad de Gestión Inmobiliaria; la Secretaría de Inteligencia y el Consejo para la reactivación de la Producción y la Competitividad.

Pero uno de los productos de este nuevo modelo de Estado: el aumento de los empleados en los últimos tres años, deja ver cifras oficiales disímiles. El cuadro de recursos humanos por sectores del Ministerio de Finanzas registra un aumento total de 94.514 empleados públicos entre el 2006 y el 2010.

Mientras el asambleísta Paco Moncayo, del movimiento Municipalista, exhibe otra cifra que asegura le fue entregada por el Gobierno. Desde enero del 2007 hasta lo que va del 2010, son 105.000 los nuevos empleados del sector público, de los cuales 26.000, según él, habrían recibido nombramiento y 79.000 se mantendrían por contrato.

Para Juan Abel Echeverría, ex director de la desaparecida Secretaría Nacional Técnica de Recursos Humanos y Remuneraciones (Senres), el aumento de empleados públicos sobrepasa los 200 mil durante este Gobierno. Explica que tradicionalmente la cantidad de empleados públicos representaba el 6% de la Población Económicamente Activa (PEA); es decir, la que está en edad de trabajar.

El Observatorio establece que los 454.304 empleados públicos que hay al momento representan el 10% de la PEA del país (que es de 4,5 millones de personas), cuatro puntos más de lo tradicional. Una relación insostenible para la capacidad de gasto público, cree Echeverría.

A ello se agrega una polémica práctica del Gobierno: el haber incrementado entre el 2006 y el 2010 al menos en 445% el número de servidores contratados. Según el Ministerio de Finanzas, en el 2006 habían 16.945 personas contratadas en el sector público, ahora en el 2010 esa cifra ha subido a 92.332.

“Esa es una falacia que debe desaparecer”, asegura Juan Abel Echeverría, para quien los contratos masivos de personal han sido el mecanismo oficial para evitar el mandato constitucional que establece que el ingreso de los servidores públicos tiene que hacerse mediante un estricto concurso de merecimientos.

Un ejemplo de evasión de concursos se encuentra en el Ministerio de Educación, pues según Nívea Vélez, presidenta de la Comisión de los derechos de los Trabajadores y Seguridad Social de la Asamblea Nacional, las vacantes que se han dado por jubilación se habrían llenado por contratos, por lo que ha pedido a esa cartera toda la información sobre el tema, que de comprobarse sería muy grave, según sostienen la asambleísta.

Debido a estas prácticas Moncayo identifica un error conceptual del actual gobierno: “pasar en el péndulo del no Estado de los neoliberales, al hiperestado de los neosocialistas”.

Asegura que en un año de crisis como fue el 2009 el Estado gastó más en sueldos que en inversión. El pago de remuneraciones sumó $ 5.500 millones, el 15% más que el 2008, mientras las inversiones bajaron en el 15%, ubicándose en $ 5.700 millones. Comportamiento que no es compatible con el modelo del gobierno de Alianza PAIS que busca privilegiar la inversión pública, afirma Moncayo.

Además, sin inversión privada, más un 60% de la población encasillada en el desempleo y subempleo, un crecimiento de la economía del 0,36% en el 2009 y una proyección de crecimiento para el 2010 del 6,8%, que genera dudas en este asambleísta y en analistas económicos, el panorama fiscal es preocupante.

Moncayo sentencia ahora que si se continúa haciendo del gasto público en sueldos un botín político se va a acabar con el Ecuador. Recomienda cambios para mejorar la calidad del gasto sobre todo en lo social, pues tiene datos poco alentadores.

Para vivienda se asignaron en el 2010 $ 76,6 millones y en lo que va del año se han ejecutado solo $ 15,9 millones. En vivienda rural y urbano-marginal se asignaron $ 43,9 millones, luego se redujo a $10 millones y solo se han ejecutado $ 3 millones.

Además, según el presupuesto del Estado para el 2010, el Ministerio de Salud proyecta un gasto en personal de $ 553,6 millones, mientras que en inversiones para todo el sector de salud (incluye al Consejo Nacional de Salud) se asignaron $ 529,9 millones; es decir, $ 23,7 millones menos que para sueldos.

En el Ministerio de Educación el gasto en personal presupuestado para este año se ubica en los $ 1.697,3 millones, mientras que las inversiones suman $ 328 millones, cinco veces menos que el pago de sueldos y salarios.

A esto se agregan las intenciones oficiales de pagar a los contratistas del Estado con bonos del Estado, un indicador de que existe una iliquidez fiscal.

Por eso la expectativa de analistas y asambleístas es que la nueva Ley de Servicio Público detenga ese crecimiento y no lo estimule como parece ser la intención del proyecto original.

La burocracia creció más de una cuarta parte en tres años
Política
2015-08-12T20:53:40-05:00
El cuadro de recursos humanos por sectores que tiene el Ministerio de Finanzas registra un aumento de 94.514 empleados públicos entre el 2006 y el 2010; la mayoría presta sus servicios al Estado por contratos.
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