Objeciones a proyecto de reformas petroleras
QUITO
.- Diversos actores sociales denunciaron ayer la inconstitucionalidad del proyecto de reformas a la Ley de Hidrocarburos y de Régimen Tributario Interno presentado el viernes por el Ejecutivo a la Asamblea.
Fernando Villavicencio, ex sindicalista petrolero, expresó que además de inconstitucional esa reforma es extractivista, antinacional y privatizadora, pues se permitirá explorar o explotar hidrocarburos de manera separada, cuando históricamente esa actividad ha estado ligada la una a la otra.
El artículo 16 aclara que los contratos de prestación de servicios son para la exploración y explotación, pero el 7 modifica el concepto dejándolo en exploración y/o explotación.
Con ese cambio, el Gobierno abre la puerta para que esa actividad se realice de manera conjunta o individual y según Villavicencio eso empujaría a que los contratos de prestación se adjudiquen directamente.
Esa apreciación la tuvo porque el artículo 19 de las reformas establece que las adjudicaciones de los contratos de prestación que el Gobierno debe realizar por licitación, tendrán una excepción: "(...) los que se realicen con empresas mixtas en las cuales el Estado tenga mayoría accionaria y los de obras o servicios específicos".
Jorge Pareja Cucalón, presidente del Foro Petrolero, cree que esa disposición es peligrosa porque las áreas "se entregarán con el dedo índice" y no se puede "asignar un campo a una estatal sin contar con la comparación de otra oferta".
El sindicalista Diego Cano calificó al proyecto como retrógrado y perjudicial para los intereses del país, pues contribuye con la desarticulación de Petroecuador. Para él, la reforma es aperturista y apegada a los intereses de las transnacionales; contraria al discurso nacionalista del Jefe de Estado.
Mientras Luis Aráuz, abogado petrolero, dijo que la inconstitucionalidad se configura cuando las reformas violan el artículo 313 y 315 de la Constitución, que dispone que la gestión de los sectores estratégicos las hagan empresas públicas.
A esas observaciones se suma otra: el que no se creará una Superintendencia tal como ordena la Carta Política, sino una Secretaría de Hidrocarburos que suscribirá los contratos petroleros, previa la autorización del Ministerio.
El asambleísta de Pachakutik, Cléver Jiménez, mostró su preocupación porque al permitir contratos de exploración y explotación por separado los actuales campos en producción, que no tienen ningún riesgo de exploración, podrán ser operados por compañías de economía mixta en lugar del Estado, a través de Petroecuador y Petroamazonas.
Por ello hoy tiene previsto presentar a la Asamblea una contrapropuesta de reformas petroleras, que en su parte medular busca dejar en manos del Estado la operación de los actuales bloques en producción.
