Los Restrepo no volvieron a casa
Pedro Restrepo dice que aceptó con resignación el informe que en el 2009 le entregó la Procuraduría sobre la búsqueda en la laguna de Yambo, provincia de Cotopaxi. Una vez más los buzos no habían hallado los cuerpos de sus hijos, Andrés y Santiago, que desaparecieron hace 22 años.

La Comisión de la Verdad, de la que es parte Pedro Restrepo, señala que ese “es uno de los casos emblemáticos de violación de los derechos humanos en Ecuador”.

El 8 de enero de 1988, Andrés (14 años) y Santiago (17 años) salieron en un vehículo a recoger a un amigo, pero nunca llegaron a su destino. A la familia se le informó que estaban en manos del Servicio de Investigación Criminal (SIC), dependencia de la Policía. “Los hermanos Restrepo no estaban relacionados con organizaciones estudiantiles ni subversivas”, señala el informe para responder las versiones que vincularon a los jóvenes con la guerrilla.

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La Comisión Especial Investigadora creada en 1990 responsabilizó a la Policía por la detención, tortura y desaparición de los jóvenes, pero la institución argumentó que ellos sufrieron un accidente de tránsito.

Muerte ‘extrajudicial’ de banquero
La noche del 7 de agosto de 1985 el empresario Nahim Isaías Barquet, gerente de Filanbanco, fue secuestrado (durante un mes) por el grupo guerrillero Alfaro Vive Carajo y por dirigentes del M-19.

Antes de llegar a su casa, un vehículo interceptó el auto del banquero y se lo llevó.

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Los empleados de Isaías, al ver el automóvil de su jefe abandonado cerca del domicilio, alertaron a los familiares y estos a la Policía. Se montó un operativo de rescate del empresario, a quien los subversivos mantuvieron de rehén en una casa en el sector La Chala, suroeste de Guayaquil.

La Policía amenazó a los captores con tanques blindados y cientos de uniformados que rodearon esa vivienda.

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Pero tras varias horas de cruce de balas entre ambos bandos, falló el operativo e Isaías murió en el incidente.

Varios dirigentes de Alfaro Vive fueron detenidos, juzgados y sentenciados a cumplir prisión por ese hecho.

El informe de la Comisión de la Verdad califica de ejecución extrajudicial la muerte del banquero.

Denuncias de ‘tortura’, tras Taura
Según la Comisión de la Verdad, 90 víctimas de detención arbitraria y tortura provocó el caso de sublevación militar conocido como Taurazo.

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El 16 de enero de 1987, comandos de Taura secuestraron al presidente Febres-Cordero y a la comitiva que lo acompañaba a una ceremonia castrense. Demandaban que se deje en libertad al general Frank Vargas Pazzos, detenido en un cuartel pese a que el Congreso le dio la amnistía.

“El llamado caso Taura es un resultado de esta dinámica de confrontación que ya se vivía en las Fuerzas Armadas”, dice el informe de la Comisión.

Vargas se había tomado una base aérea un año antes: era marzo de 1986 y, como jefe de la Fuerza Aérea, decidió denunciar de esa forma los actos de corrupción en las Fuerzas Armadas. Fue encarcelado, liberado y luego el Congreso lo amnistió, pero el Mandatario no acató esa decisión, por lo que los comandos de Taura lo retuvieron y canjearon a Vargas por los rehenes.

Según testimonios de la Comisión, varios oficiales sublevados fueron torturados en recintos militares, donde hasta se les aplicó electricidad.

Benavides, ‘victimizada’ tras asalto
El Estado ecuatoriano asumió la responsabilidad por la desaparición y muerte de la maestra Consuelo Benavides Cevallos, once años después de que los hechos ocurrieran en diciembre de 1985.

Indemnizó a su familia con un millón de dólares, pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó en 1998 que la investigación debía continuar para sancionar a los responsables.

En el informe, la Comisión de la Verdad narra que en diciembre de 1985 varios infantes de Marina llegaron a Quinindé, Esmeraldas, en busca de Benavides (35 años), a quien detuvieron junto a Serapio Ordóñez. Ella era considerada activista del grupo subversivo Alfaro Vive Carajo (AVC), que en junio de 1984 asaltó una agencia del Banco del Pacífico en Quito. Ella ofreció su casa para refugiar a los miembros de AVC.

El informe de la Comisión recoge el relato de Ordóñez, quien asegura que fue colgado de los brazos y golpeado tanto que apenas podía caminar, mientras que Benavides estaba guindada.

Tres años más tarde se identificó que era suyo el cadáver con el rostro desfigurado por impactos de bala.