Los llamados pueblos no contactados, tribus como los Taromenane o Tagaeri, e incluso la comunidad Huaorani, habitantes nativos del Oriente ecuatoriano, enfrentan el inicio de las labores petroleras en el campo Armadillo, así como la puesta en marcha del Plan B del Bloque ITT, de extracción de petróleo si fracasa la Iniciativa Yasuní-ITT, de dejar el crudo en tierra a cambio de un aporte económico mundial.

Defensores de derechos humanos relacionados con estos sectores refieren sus temores. “Los mayores peligros están en la presencia de otra gente en sus territorios: las petroleras, los madereros ilegales, los colonos, que han avanzado al límite del Parque Nacional Yasuní”, dice Milagros León, del proyecto Pueblos Ancestrales de la Vicaría de Aguarico.
Rosa Alvarado, presidenta del Comité Permanente de Derechos Humanos de Orellana, advierte que las tribus en aislamiento voluntario no son solo un cuento, una leyenda. “Están ahí y están reconocidos en la Constitución”.

Eme Omaca es una joven huaorani de la comunidad Tigüino, 120 km al sur de Coca, donde muere la vía carrozable, en los límites del Parque Nacional Yasuní. Eme es hija de Tiri Omaca, considerado por su etnia Huaorani un guerrero, pues en el 2003 participó con siete amigos en la matanza a 26 miembros del clan de indígenas aislados Taromenane, en el interior de la Zona Intangible, área definida como intocable para proteger a los tagaeris y taromenanes, que por su cuenta viven sin contacto con el mundo exterior.

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Eme visitó a su familia en Dicaro, a dos horas en bote desde Tigüino, y se llevó un gran susto, según dice en un claro español. Fue a mediados de marzo, ella se adentró en una chacra (cultivo) y escuchó voces. Creía que era alguna familia huaorani y decidió avanzar. Pero al acercarse se dio cuenta de que esas voces eran inentendibles. El lenguaje no era huaorani ni español. Entonces pensó en los taromenanes. Creyó que con ella vengarían la matanza del 2003. Corrió por varios minutos hasta llegar a la cabaña de sus parientes.

“Mi tío fue a ver después y dijo que eran huellas de ellos, de los tagaeris o los taromenanes, que llegan a coger yuca y plátano. Él me dijo que no se les debe molestar”, afirma Omaca, quien dice haber estado en desacuerdo con la acción que protagonizaron su padre y sus vecinos en el 2003, cuando luego de lancear a los 26 taromenanes quemaron su choza y se llevaron como trofeo la cabeza de un joven que, decían, era el jefe del clan.

La presencia en la chacra de los Omaca de los indígenas en aislamiento voluntario, como los reconoce el art. 57 de la Constitución, constituye una de las últimas señales de su existencia. “Andan por ahí”, dice Eme. Y no solo es su testimonio. Decenas de huaoranis tienen referencias recientes de su presencia. El Ministerio del Ambiente, mediante una comisión llamada Plan de Medidas Cautelares para los pueblos en aislamiento voluntario, ha recopilado en dos años fotos y otras evidencias de su existencia y movilidad.

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Su territorio está en el Parque Nacional Yasuní, de 980 mil hectáreas. Dentro de este se estableció la denominada Zona Intangible, un espacio de 700 mil ha definidas como intocables, para proteger a las tribus. El Ministerio ha identificado cuatro zonas donde viven los aislados: Armadillo, Cuchiyacu, Dicaro y en el sector donde operaría el bloque petrolero el ITT (denominado así por los campos Ishpingo, Tiputini y Tambococha).

El Ministerio del Ambiente y líderes huaoranis calculan que la población total de taromenanes y tagaeris sería de 250 a 300 individuos, que viven en clanes o grupos de 30 personas que comparten una choza. Los tagaeris son huaoranis que en la década del sesenta decidieron no dejarse conquistar por los religiosos y petroleros y se adentraron en la selva, al mando de Tague. Aquel jefe murió hace 20 años, según líderes huaoranis.

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Los taromenanes tienen características distintas. Hombres y mujeres poseen la tez blanca, son de ojos verdes o azules y viven totalmente desnudos. Los huaoranis calculan que el clan lo conforman unas 190 personas y relatan que los hombres son altos (el huaorani no supera los 1,65 m de estatura). El lenguaje es diferente a los tagaeris, quienes también hablaban huao. Las mujeres tienen el pelo hasta la cintura y senos protuberantes.

Pero la presencia de estos pueblos ha estado marcada por conflictos entre ellos y quienes ejercen presión sobre su territorio. Hoy, organismos ambientalistas, étnicos y de Derechos Humanos advierten nuevas amenazas por la labor petrolera.

Los no contactados han protagonizado ataques en los que han muerto lanceados quienes se han acercado a su hábitat. Si bien esto se ha dado desde los años 60, cuando evangélicos de EE.UU., del Instituto Lingüístico de Verano, ingresaron a la zona para evangelizarlos, en el último lustro se ha reeditado.

En el 2005 y 2006 fallecieron dos personas lanceadas, en Cononaco Chico; en marzo del 2008, el maderero Mariano Castellanos murió lanceado en Rumiyacu. La más violenta aparición fue en agosto del 2009, en el sector Los Reyes, junto al pozo petrolero Hormiguero Sur, de la empresa china Andes Petroleum. Un grupo desconocido atacó a Jeaneth Zabala, a quien le clavaron diez lanzas, en el pecho y la garganta; a su hijo, Byron Omar, de 18 años, cinco lanzas; y a su otra hija, de 12, dos lanzas. Los atacantes también se llevaron a otro hijo de Jeaneth, de 7 meses, encontrado vivo dos días después, enterrado en el fango hasta el cuello.

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En estos momentos los no contactados enfrentan el inicio de las labores petroleras en el campo Armadillo, zona cercana de donde murieron lanceados Zabala y sus dos hijos, así como la puesta en marcha del Plan B del Bloque ITT, de extracción de petróleo si fracasa la Iniciativa Yasuní-ITT de dejar el crudo en tierra a cambio de un aporte económico mundial.

“Los mayores peligros están en la presencia de otra gente en sus territorios, las compañías petroleras, los madereros ilegales, los colonos, que han avanzado al límite del Parque Nacional Yasuní”, dice Milagros León, integrante del proyecto Pueblos Ancestrales de la Vicaría de Aguarico, con sede en Coca.

Rosa Alvarado, presidenta del Comité Permanente de Derechos Humanos de Orellana (Cpdho), dice que las tribus en aislamiento voluntario no son solo un cuento. “Están ahí y están reconocidos en la Constitución. Pero el Estado, que debe protegerlos, hoy da prioridad a la explotación petrolera”.

Para frenar aquello, hace tres semanas, el Cpdho y una veeduría ciudadana pidieron al Juzgado de Garantías Penales de Orellana la adopción de medidas cautelares (protección) para los pueblos en aislamiento voluntario. El objetivo: evitar que el consorcio Gran Colombia opere en el campo Armadillo, zona donde hay más evidencia de su presencia. Asimismo, una comisión de la Conaie denunció hace una semana, en el 9º periodo de sesiones de la ONU sobre cuestiones indígenas en Nueva York, la violación de derechos de los nativos del Yasuní.

El caso Armadillo está rodeado de una serie de denuncias y cuestionamientos. Eduardo Pichilingue y David Chávez, ex directivos del Plan de Medidas Cautelares, fueron removidos de sus cargos en febrero pasado por el presidente Rafael Correa, luego de que presentaran un informe en el que exigían la suspensión de operaciones de sísmica 3D en Armadillo, a cargo de la firma Petrotesting. Esta es parte del consorcio petrolero Gran Colombia, del que es también parte Ecuavital y cuyo mayor accionista –mencionado en denuncias– es José Dapelo, a quien el presidente Correa lo llamó mafioso. La entrega de este campo involucró a la Secretaría de Transparencia, Fiscalía y Procuraduría, por denuncias de supuestas irregularidades.

En la zona del campo Armadillo y en el Bloque 17, operado por la petrolera China Andes Petroleum, hay temor y reclamos. Marco Duche, viudo de la lanceada Jeaneth Zabala y residente en la comunidad Los Reyes, dice que ningún ofrecimiento de ayuda para la comunidad se ha cumplido. Incluso afirma que Andes se comprometió a sacar un generador eléctrico del pozo Hormiguero 1, ubicado cerca al Parque Nacional Yasuní y junto al lugar donde murió su mujer. El objetivo: evitar que la bulla del aparato moleste a las tribus. No se cumplió. Solo levantó una pared y sigue operando. Es más, a tres kilómetros del sitio, maquinaria establece un nuevo campamento.

El artículo 57 de la Constitución dice: “Los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral irreductible e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de actividad extractiva. El Estado adoptará medidas para garantizar sus vidas, hacer respetar su autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamiento, y precautelar la observancia de sus derechos. La violación de estos constituirá delito de etnocidio, tipificado por la ley”.

Diocles Zambrano, de la Red de líderes comunitarios Ángel Shingre, afirma que el Estado no cumple con ese marco legal y privilegia el extractivismo. Aunque Armadillo está fuera de la reserva, aclara que las etnias no contactadas no saben de fronteras y merecen respeto.

Por el peligro de desaparición de los tagaeris y taromenanes, el 10 de mayo del 2006, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares (de protección) y dispuso al Estado su cumplimiento. En respuesta, en abril del 2007, el presidente Correa adoptó un programa nacional de protección y creó el Plan de Medidas Cautelares, que hasta el momento ha invertido $ 2,5 millones en puestos de control para evitar la tala, hacer estudios y reunir pruebas de la existencia étnica.

Milagros León cuestiona que si bien el Estado ha hecho un marco legal: la Constitución, la Política Nacional, la creación del Plan de Medidas, pero en el terreno su labor ha fracasado. “Las políticas no se cumplen, la Constitución tampoco, pues no se respetan sus derechos mínimos a la vida y a su territorio”.

A eso se suma el temor por la posibilidad de que se explote el ITT. En el proyecto, que se difunde a nivel mundial para conseguir recursos, los pueblos constituyen uno de los doce recuadros de la propuesta. Aguirre refiere que el problema es que se ha vendido el tema ITT Yasuní desde la biodiversidad, pero poco se ha hablado de las personas... “y, cuando se ha hablado de las personas, se les ha puesto un precio (pedir dinero para no explotar)”, asegura.

Paola Carrera, coordinadora del Plan de Medidas Cautelares, aceptó una entrevista sobre el tema, hace diez días. Pero el martes pasado dijo que esperaba un visto bueno de la ministra del Ambiente, Marcela Aguiñaga. El viernes ofreció responder pero no lo hizo. Tampoco contestó Wilson Pástor, ministro de Energía no renovable, a quien se le envió un cuestionario.