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QUITO. Aunque la Secretaría de Transparencia es la encargada de vigilar el cumplimiento de la Ley, entregó su informe tarde.

Cualquier persona puede acceder a información pública, sin justificar su pedido, ni el destino que le dará.

Ese es un derecho garantizado en la Constitución y en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lotaip) que, sin embargo, está lejos de cumplirse en la práctica.

Entre las razones consta el incumplimiento de la Ley de parte del 96% de las instituciones del Estado, el desconocimiento de la ciudadanía sobre su derecho a acceder a información pública y las debilidades de los organismos de control.

La Lotaip, expedida en mayo del 2004, establece que todas las entidades estatales están obligadas a difundir, a través de su página web, información actualizada sobre: su estructura, normas y procedimientos internos; presupuesto, contratos, créditos, salarios, servicios y trámites, auditorías, proyectos y mecanismos de rendición de cuentas. Además, de presentar un informe de cumplimiento de esa obligación, incluido el detalle de las solicitudes de acceso a la información recibidas y contestadas.

La Lotaip señala que hasta el 31 de marzo de cada año las entidades estatales deben entregar sus informes de transparencia a la Defensoría del Pueblo.

No obstante, solo 246 lo hicieron hasta la fecha límite. Fuera del plazo entregaron 30 entidades más, según la última actualización de la Defensoría del pasado 13 de abril.

La Secretaría Nacional de Transparencia, organismo del Ejecutivo encargado de vigilar el cumplimiento de la Ley, estuvo entre las instituciones que entregaron sus informes de transparencia con retraso; igual los ministerios Coordinador de Desarrollo Social, de Industrias, de Relaciones Laborales, y Obras Públicas.

Tampoco presentaron a tiempo su informe la Fiscalía, Contraloría, Corte Nacional de Justicia, Senplades, Senatel, el Servicio de Rentas Internas, Alegro, el IESS y la Prefectura de Pichincha.

En tanto, más de 5.000 instituciones no entregaron sus informes.

En la gestión pública uno de los estereotipos que persiste es el siguiente: “La Ley de Transparencia no nos puede exigir a nosotros, los guardianes legales de estos datos, a dar la información a los periodistas”, según un testimonio recogido en el libro La palabra rota de la organización Fundamedios.

Fundamedios realizó tres monitoreos para evaluar el tratamiento que tienen las entidades estatales con las peticiones de acceso a la información.

Para tomarle el pulso a las instituciones públicas, presentó 69 solicitudes de acceso entre junio y septiembre del 2009. Solo siete entes estatales respondieron a tiempo, 45 no contestaron o entregaron la petición incompleta, 12 lo hicieron fuera del plazo (10 días), dos dijeron que era información reservada y tres, que no tenían datos.

Entre las entidades que no respondieron constan medios de comunicación públicos: El Telégrafo, EcuadorTV y Radio Pública.

En el monitoreo a los medios de comunicación, Fundamedios halló que pocos han formulado peticiones de acceso entre 2008 y 2009. “A diario EL UNIVERSO solo le contestaron dos de ocho pedidos; a Expreso, cuatro de diez; al programa de televisión 30 Minutos Plus (de Teleamazonas) le respondieron dos de siete pedidos”.

En cuanto al monitoreo que la organización hizo a la Defensoría del Pueblo, reflejó que aunque se trata de una entidad de control, recibe en promedio 164 informes anuales de transparencia, cuando más de 5.000 instituciones están obligadas a entregarlos.

Cuando el 18 de mayo del 2004 entró en vigencia la Lotaip, su transitoria tercera establecía que la Defensoría del Pueblo tenía seis meses “para adoptar las medidas administrativas, técnicas y presupuestarias para el cumplimiento de la responsabilidad que esta Ley le asigna”. Han pasado seis años y la Defensoría, según su máxima autoridad, Fernando Gutiérrez, tiene limitaciones administrativas y financieras.

Otra mirada sobre el tema de transparencia, pero desde los municipios y la ciudadanía la ofrece el estudio que en enero pasado realizó el grupo FARO (Fundación para el Avance de las Reformas y las Oportunidades). Tras analizar los mecanismos de transparencia de 154 gobiernos locales que sí tienen página web, se concluye que los ciudadanos desconocen su derecho de acceso a la información pública, así como los instrumentos legales que tienen para ejercerlo.

Ello se evidenció en que la demanda de información desde la ciudadanía es aún muy débil, según Mabel Andrade, investigadora de esta ONG.

Mauricio Rodas
FUNDACIÓN ETHOS
“En México lo que hace que funcione la Ley es la voluntad política, que se traduce en recursos”.

Luis Pachala
CONSEJO DE PARTICIPACIÓN
“Los ciudadanos pueden denunciar a las entidades que no dieron información y ahí haremos algo”.