Decidió enterrar cuatro estacas profundas en las mansas aguas del estero Salado, porque dice que no tenía un lugar para vivir. Guadalupe Vallarino, una mujer evangélica de 31 años, invadió las riberas del estuario a la altura de las calles 12 y Cristóbal Colón, cerca del Puente de la A en el suburbio, hace tres años.

En un área de 4 metros cuadrados tiene una cocineta, una mesa plástica, un par de sillas y cuatro camas para sus cuatro hijos, ella y su esposo. Un agujero pequeño en el piso de tabla, junto a la cama, funciona como letrina cuyos desechos caen a diario en el humedal.

“Yo quiero construir más, pero, ¿y si luego me sacan y no me devuelven lo que he gastado?”, dice Guadalupe más preocupada en su comodidad que en la supervivencia de un recurso al que ella no le depara un buen futuro: “¿Cómo se va a rescatar el estero Salado, si Vachagnon, que tenía que entrar aquí el lunes, no ha venido? Ya estamos miércoles, la gente bota la basura en el Salado”.

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Si le ofrecieran un mejor lugar para vivir, Guadalupe dice que “sí aceptaría” la oferta de reubicación de su vivienda que ahora analiza el Gobierno como alternativa para recuperar el estero Salado y que dependerá de la decisión del Presidente.

“Hay que determinar costos, el Miduvi nos debe indicar, ellos tienen el bono de la vivienda”, anticipa el subsecretario de Gestión Marino Costera, Manfred Altamirano. Él recalca que de concretarse la medida, involucraría a 5 mil casas palafitas (de madera) que están sobre el agua, en un radio de 25 metros en las márgenes del estuario.

La reubicación de la que habla Altamirano se engrana en un proyecto de rescate del estero, que a su vez es parte del megaproyecto Guayaquil Ecológico que anuncia el Gobierno y que comprende además la creación del parque Samanes y la recuperación de la Santay.

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No es la primera vez que el estero Salado protagoniza estudios y proyectos de recuperación. En 1998 el Municipio dispuso al consorcio alemán-ecuatoriano Lahmeyer Cimentaciones un diagnóstico del humedal a un costo de 1,3 millones de dólares provenientes del cabildo y del Banco Interamericano de Desarrollo; en el 2006, Fundación Natura también realizó una evaluación del estuario. De ambas entidades y de otras como la Espol se han realizado proyectos de limpieza, el cabildo contrató a la empresa Visolit para que recoja la basura de la superficie en algunos tramos, y también se han hecho campañas educativas en fechas clásicas del ambiente o la Tierra.

El estero Salado es un cuerpo de agua que junto al río Guayas representa el 8,1% (28,08 km²) del área de la provincia. Hace cincuenta años su extensión alcanzaba las 655 hectáreas de agua y bosques de manglar, el estuario era un centro de recreación, la piscina de miles de guayaquileños. Era el paraíso para especies como conchas, cangrejos, mejillones, ostiones, y una variedad de peces que le daban alimento y trabajo a los pescadores porteños.

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No obstante, los asentamientos en la década de los sesenta en lo que hoy es la parroquia Febres Cordero, en los setenta en Mapasingue y Prosperina y luego en lo que se conoce como Las Malvinas e isla Trinitaria terminaron por estrangularlo.

El estero Salado comienza en el canal del Morro, frente a Posorja y la isla Puná, y atraviesa la ciudad con ramales que se asemejan a las arterias del gran cuerpo que es Guayaquil. Por décadas ha sido un ícono natural. En la actualidad, sus aguas turbias y pestilentes reciben un promedio de 3,5 toneladas de basura diaria, ya no reflejan vida, especialmente en los tramos más críticos como Urdesa, Miraflores y Mapasingue. Ahí los estudios han identificado que hay alta cantidad de sedimentos, lodo sin oxígeno y descargas de aguas contaminantes que provienen de las viviendas y de las industrias aledañas.

La propuesta del Gobierno busca –además de la reubicación de las casas en los ramales del estero en zonas populares– la aplicación de tecnología para mejorar la calidad del agua.

“Hay que determinar la factibilidad: en algunos tramos dragar, en otros reforestar con manglar, incluso inyectar bacterias para degradar la materia orgánica”, explica Altamirano.

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No obstante, expertos ambientalistas creen que el estero necesita medidas definitivas que paren la contaminación.

La ambientalista Déborah Chiriboga cree que recuperar el estero supone un tema muy complejo, no solo ambiental sino también político, porque se requiere de voluntad para desalojar y reubicar a las familias asentadas en las riberas; económico, porque es muy costoso; y social, porque significa cambiar la mentalidad de muchos habitantes de Guayaquil que miran al estero como un basurero. “Está bien recoger los desechos sólidos, pero eso es abordar únicamente los síntomas, no las causas del problema”.

Ella duda del proyecto que propone el Gobierno en el estuario: “Me es difícil creer que el Ministerio del Ambiente va a resolver el problema del estero Salado si con las áreas protegidas que son su responsabilidad tienen problemas de manejo”.

Mauricio Velásquez, ex director de Ambiente del Municipio de Guayaquil , agrega que hay un problema de gobernabilidad en este tema, en el que también tiene bastante responsabilidad la Armada Nacional, la cual tiene competencia en el cuidado de las aguas y en el control de las invasiones.

“Al estero se lo está estrangulando en muchos sectores, se rellena en los bordes, eso lo debe controlar la Dirnea”, dice.

El comandante Jaime Ayala, director de la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos (Dirnea), reconoce que el tema se les sale de las manos. “Ya nos vemos desbordados en nuestra capacidad y vemos que no podemos controlar solo con la fuerza, se necesitan medidas complementarias”, pide Ayala, quien traslada la responsabilidad de la Armada al Cabildo.

Una de estas acciones sería, dice él, la colocación de bordes o límites al estilo de la regeneración urbana, no solo para detener las invasiones sino también para que la Armada tenga clara su responsabilidad.

“Se han agudizado los problemas de las invasiones, la Capitanía sale a diario a recorrer los canales, si detectamos que están plantando estacas, inmediatamente tenemos que retirarlos de ahí”, advierte sin precisar cuántos desalojos han hecho. En octubre, indica Ayala, la Dirnea pidió una reunión con el Municipio, Ministerio del Ambiente, Gobernación y universidades, para tratar esta problemática que les desborda.

El Municipio, que dispuso la ejecución de estudios de prefactibilidad de la recuperación del estero, fue requerido el martes pasado sobre su postura en el tema, pero hasta el viernes no dio información acerca del Plan Integral de Recuperación del estero Salado (Pires).

Textual: Responsabilidad
Cmdte. Jaime Ayala
Director de Dirnea (Armada Nacional)
“Queremos un límite claro, si se hace un malecón, por sencillo que sea, ahí sí sería nuestra completa responsabilidad”.

Déborah Chiriboga
Ambientalista
“Está bien recoger los desechos, pero eso es abordar los problemas y no las verdaderas causas”.

Manfred Altamirano
Subsecretario de Ambiente
“Hay problemas de alcantarillado, ese es un tema que le toca al Municipio”.