En Galápagos hay 134 embarcaciones autorizadas para hacer turismo, pero al menos otras 102 laboran de manera no regularizada y ofrecen diversas opciones, con costos hasta dos veces menores. Por ejemplo, un tour diario de Santa Cruz a la isla Floreana vale $ 135 por persona; los no regulados cobran $ 70. Frente a esta realidad hay un tira y hala de los involucrados. Los operadores organizados se quejan; el Parque Nacional Galápagos (PNG) reconoce el problema y dice que busca salidas; la ministra del Ambiente, Marcela Aguiñaga, afirma que existe “una percepción errada, creada por seudooperadores...”. La Armada asegura que ha emitido al menos quince citaciones en dos meses por hacer turismo ilegal.

Para disminuir la presión sobre la Reserva Marina de Galápagos (RMG), desde hace cinco años se promueve el cambio de actividad de unos 1.100 pescadores. El gobierno de Rafael Correa entregó 24 cupos para pesca vivencial con fines turísticos. Pero una docena de ellos brinda servicios de turismo distintos al autorizado, como el buceo. Medio centenar de los que no tienen permiso también está dedicado al turismo.

Hay 80 barcos de cabotaje registrados por la Armada en las islas. Es el transporte fluvial de puerto a puerto, pero 40 se dedican al turismo y ofrecen recorridos diarios, incluidos buceo y visitas a sitios recreativos.

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Esta realidad se vive cuando están por cumplirse tres años de que la Unesco ubicara las islas en la lista de Patrimonios en peligro y de que el presidente Rafael Correa declarara al Archipiélago como zona de riesgo, para adoptar las medidas necesarias que permitan recuperar la categoría de Patrimonio Natural de la Humanidad.

Galápagos tiene un régimen especial y reglas estrictas para cuidar la reserva terrestre y marina. Son 83 embarcaciones con capacidad de entre 16 y 100 pasajeros que tienen permisos. Otras 9, con máxima capacidad para 16, poseen cupo para tours de bahía y buceo. Desde hace cinco meses, 18 más consiguieron un cupo mediante un concurso. Además hay 24 pescadores autorizados para hacer pesca vivencial, con reglas como la prohibición de vender la pesca y si la especie es muy grande, deben devolverla al mar.

Pero en Puerto Ayora, San Cristóbal e Isabela, la oferta es diversa. En Puerto Ayora, una mujer se acerca presurosa: ¿Adónde viaja?, pregunta. ¿Desea un recorrido por la bahía o quiere ir a alguna otra isla? Hay otros hombres y mujeres, al menos cinco, listos para hacer también su oferta, por si el visitante abordado por la mujer no se decide por su propuesta.

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El cliente pregunta por un recorrido a la isla Floreana. Ella dice que eso es un tour de ocho de la mañana a seis de la tarde; que allá se puede practicar snorkel (buceo superficial) y visitar sitios de interés, con almuerzo incluido. Vale $ 70 por persona. El viaje, señala, será en la lancha Luna Azul. Pero Luna Azul no es un bote de turismo sino de cabotaje, y es una de las al menos 40 unidades de ese tipo que se dedican a recorridos turísticos. Ese mismo viaje en un barco regularizado cuesta $ 135.

El Sulidae es un yate que desde el 2008 tiene permiso para cabotaje, pero también hace recorridos turísticos. David Balfour van Hosen y David Balfour Arízaga, sus dueños, vendieron en diciembre del 2007 su cupo de operación turística con capacidad para 16 personas a la operadora Ética, de Roque Sevilla, quien al fusionar con un cupo similar del barco Mistral logró legalizar la operación del barco La Pinta, de 48 pasajeros, por decisión del Ministerio de Ambiente, dirigido por Aguiñaga.

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Cada día, el muelle de Puerto Ayora es una especie de mercadillo donde se ofertan, de manera informal, variadas formas de turismo náutico y terrestre, como tours de bahía, buceo, snorkel o cruceros entre islas y hasta pesca deportiva.

Entre los 50 pescadores dedicados al turismo en las islas hay 5 que en Puerto Ayora ofrecen sus lanchas para cualquier tipo de actividad turística. Ellos son Jorge Aguirre Cobos, Antonio Santana Burgos, Jorge Córdova Holguín, Líder Santos Vélez y Galo Cedeño Zavala. Este último, dueño del bote Bella Unión II, dice que tienen familias que mantener y no le hacen daño a nadie. “Pedimos que nos den también la licencia de pesca a turismo. El PNG nos autoriza a trabajar, aunque de boca; pero la Capitanía de Puerto nos prohíbe hacer tour de bahía”.

Marcelo Lara, de la Asociación de operadores de turismo de bahía y buceo de Santa Cruz, se queja porque los pescadores ahora dedicados al turismo dañan el mercado. “Cobran de $ 8 a $ 10 por una visita a cinco sitios en cuatro horas. Llevo 18 años en esta actividad y nosotros, los regularizados, cobramos $ 25, pero ponemos guía. Hasta las agencias de viajes están contratando con ellos”, señala.

“Es preocupante. Hay una actividad turística sin amparo legal, que deteriora el patrimonio porque no se ofrece seguridad ni garantías”, dice Oswaldo Rosero, director de operaciones en Ecuador de la ambientalista WildAid. Advierte que hay una peligrosa tendencia de ir de la pesca ilegal (que provocó constantes conflictos entre 1998 y 2005) al turismo clandestino.

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Edwin Naula, director de Administración turística del PNG, dice que el problema es heredado de al menos una década. No obstante, él, así como el actual director del PNG, Édgar Muñoz, y la ministra Aguiñaga (quien se desempeñaba como asesora jurídica del PNG) llevan casi esa época en la toma de decisiones. En la actualidad hay un proceso de vinculación a la comunidad local en actividades turísticas, pero Naula reconoce que este es lento. Además menciona que es la Armada quien debe responder por los zarpes de barcos no autorizados.

Pero Washington Tamayo, capitán de puerto de Puerto Ayora, asegura que no es cuestión de culpar sino de controlar y que eso le corresponde al PNG. “Hemos citado a quince embarcaciones por hacer turismo ilegal, en los últimos dos meses, y hemos comunicado al Parque para que sancione. Acudimos al Municipio porque hay venta ambulante de pasajes en la calle”, indica el oficial, quien además denuncia que hay hoteles que se prestan para zarpes ilegales.

Para solucionar estos problemas y abrir oportunidades turísticas a los residentes locales, el Ministerio del Ambiente, junto con el PNG y el Consejo del Ingala, hoy Consejo de Gobierno, convocó, en julio del 2008, a un concurso para la adjudicación de 77 cupos en cuatro áreas del turismo. Hubo 56 participantes, pero cuatro meses después (noviembre del 2008) el presidente Correa emite el Decreto 1416, que, entre otras cosas, prohíbe la entrega de cupos a familiares de quienes ya los poseen. Así solo 17 lograron su aprobación. De estos, al menos 5 incumplen el decreto, pero unos 20 interesados se quedaron fuera de la licitación.

El concurso, al que el presidente Rafael Correa apostó como una solución, está ahora en el ojo de una gran batalla legal. La Contraloría emitió el borrador de una auditoría, donde cuestiona los procedimientos. La Secretaría de Transparencia presentó en diciembre del 2009 un “Informe legal concluyente”, que recomienda “se declare extinto todo lo actuado dentro del concurso público...” y “se lleve a cabo una nueva convocatoria”.

El documento cuestiona los tres aplazamientos de la convocatoria, porque carecían de fuerza mayor. Señala también que se presume que la inclusión del Decreto 1416, relativo a los nexos familiares, “fue efectuado de manera irregular“, pues el concurso ya corría desde hace cuatro meses y mejor era declararlo desierto y llamar a otro. En el informe también se cita la presunción de nexos familiares de algunos beneficiarios con otros dueños de cupos, así como con miembros del Consejo técnico que aprobó la distribución. Un caso es el beneficiario Carlos Zapata Cueva, pariente directo de Fabián Zapata, gerente del Ingala, y Pedro Zapata, alcalde de San Cristóbal, miembros del Consejo.

Rodolfo García, ex dirigente pesquero, es uno de los que presentaron el reclamo a la Secretaría de Transparencia. Manifiesta que lo marginaron porque dos de sus parientes tenían cupos, pero años atrás. Él presentó fichas de filiación de personas que tienen parientes con cupos pero que sí resultaron favorecidos.

Gloria Lárraga, dueña del barco Queen Karen, de la Asociación de tour diario y buceo, es una de las 12 personas que se quedaron fuera en el otro concurso, dirigido a 21 que tenían permiso provisional por derechos adquiridos, al haber laborado antes de 1998, cuando rige la Ley de Galápagos.

Ella incluso se divorció de su esposo, cuyos familiares tenían un cupo, para lograr su objetivo. No lo logró. “Me siento discriminada porque a mí me aplicaron el Decreto 1416 y no a mis compañeros Marcelo Lara, Daniel Tenorio y René Sangolquí, que también tienen parientes poseedores de cupos”, señala.

Una decena de aquellos que dicen que fueron discriminados presentaron amparos de protección en los juzgados de Galápagos y las apelaciones están en la Corte Provincial del Guayas. Una de estas demandas, la interpuesta por Jaime Ortiz, culminó con la orden de que se le dé el cupo. El Consejo de Gobierno de Galápagos no acató durante 153 días, según el juez 1º de lo Civil, Nelson Guamanquishpe. Por eso dispuso la destitución, el 9 de abril pasado, de Jorge Torres Pallo del cargo de presidente del Consejo de Gobierno.

La sentencia, según el juez, determina la entrega del cupo en favor de la embarcación King Marine. Torres respondió que quien autoriza es el Consejo de Gobierno de Galápagos.

El proceso: Claves de la entrega de cupos
2008, junio
El presidente Rafael Correa visita Galápagos y dispone la entrega de cupos de turismo para pescadores y residentes.

2008, julio 4
El Consejo del Ingala convoca a concurso a los galapagueños para que accedan a 77 cupos de operación turística en tour de buceo navegable, y de bahía y buceo (de tres clases).

2008, noviembre 10
El presidente de la República, Rafael Correa, suscribe el Decreto 1416 que, entre otras cosas, prohíbe la entrega de cupos a familiares de quienes ya los poseen, hasta el quinto grado de consanguinidad. Los excluidos reclaman por ese hecho.

2009, junio 15
El antes Consejo del Ingala (hoy Consejo de Gobierno) determina los 17 ganadores.

2009, diciembre 15
La Contraloría emite un borrador de la auditoría realizada al concurso y en ella se observan irregularidades. Los imputados respondieron los cuestionamientos y aún no sale el informe definitivo.

2009, diciembre 30
La Secretaría de Transparencia entrega un informe vinculante y pide dejar sin efecto el concurso y convocar a otro. El 30 de marzo hay una ampliación.