QUITO
.- Rafael Balda, funcionario de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República, manifestó que el Gobierno impulsa un anteproyecto de Código Orgánico de Garantías Penales en el que se elimina el desacato y las injurias no calumniosas que actualmente son delitos tipificados en el Código Penal, acogiendo el informe la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Balda realizó esta declaración en la audiencia 138 de la (CIDH), denominada 'Situación actual de las libertades de prensa y expresión en el Ecuador', que se realizó el pasado 23 de marzo en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington (Estados Unidos).

"No solamente nos limitamos a eliminar el delito de desacato... las injurias no calumniosas también desaparecen del ordenamiento jurídico ecuatoriano", declaró el funcionario en la audiencia, donde intervinieron César Ricaurte y Mauricio Alarcón en representación de la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios).

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En su exposición, Ricaurte insistió en las estadísticas desfavorables para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en el Ecuador, que arroja la Red de Monitoreo que la Fundación mantiene en todas las provincias, y señaló que 35 ciudadanos han visto vulnerado este derecho argumentando criterios subjetivos, como el ofender la majestad del Presidente de la República.

Un clima de hostilidad, los sistemáticos ataques verbales a la prensa con insultos, la presentación de la prensa como el mayor enemigo, las restricciones en el acceso a la información pública, la conformación de un monopolio estatal de medios utilizados para difundir propaganda a favor del proyecto gubernamental y una crítica al los primeros textos que aparecieron sobre el proyecto de Ley de Comunicación fueron los puntos expuestos por Ricaurte para explicar lo que sucede en el país en torno a la libertad de expresión.

La eliminación de la figura de "desacato" del Código Penal fue una propuesta que la Comisión de Justicia no acogió en las últimas reformas penales que realizó la Asamblea Nacional en este año bajo el argumento de que: "Se requiere de una revisión exhaustiva e integral de los tipos penales no republicanos que son muchos más que los propuestos (como el desacato, por ejemplo)", como constó en el informe de mayoría presentado para el debate final.

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Esto, aunque el organismo legislativo sí reconoce que en la actualidad se mantienen tipos penales "para defender la lógica del Estado y no la ciudadana".

El Ministerio de Justicia se encarga de elaborar una reforma integral, cuyo proyecto final sería presentado en este año, para su tratamiento posterior en la Asamblea Nacional.

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Fundamedios plantea que, además de la despenalización del desacato, se deberían despenalizar otros delitos como las injurias y la difamación.