Indígenas de la 'revolución' ofrecen vacas y borregos

Al menos media docena de organizaciones indígenas y campesinas para respaldar a la revolución ciudadana se han creado o reactivado en los últimos seis meses.

Manuel Toapanta Paguay jamás había sido dirigente de una comunidad ni de una agrupación indígena. Pero desde el 15 de enero de este año es el presidente de la Unión de Organizaciones Populares del Ecuador (Unope) y, asegura, representa a grupos indígenas de ocho provincias del país. Y, como tal, cuando el presidente Rafael Correa lo presentó, para mostrar su cercanía con las etnias, en el enlace de radio y TV 186 del 6 de marzo, advirtió: “Si tenemos que dar sangre, sangre hemos de dar, pero no dejaremos que nos quiten”. Se refería a los proyectos para el sector indígena.

La Unope, con sede en Riobamba, es una de las nuevas organizaciones creadas con el fin de apoyar al Gobierno y contrarrestar la fuerza de la Conaie, que tiene un levantamiento en marcha contra el régimen. Junto a la Unope están también las reactivadas en los últimos meses, como la OSHE (Organización Shuar del Ecuador, con sede en Macas), que tiene una radio, por la que se prohíbe a sus miembros a que participen en las acciones de la Conaie; la Federación Ecuatoriana de Indígenas, de Pichincha, que hace dos semanas organizó una marcha de respaldo al régimen, en Quito; entre otros grupos.

“El 15 de enero tuvimos la primera reunión y me nombraron presidente. Ahora yo soy un dirigente nacional. En todo nos ayuda el señor Mario de la Torre, asesor de la Presidencia”, refiere Manuel Toapanta, oriundo de la comunidad Cuatro Esquinas, de Guano (Chimborazo), donde su padre dirige la Federación de Organizaciones Indígenas de las Faldas del Chimborazo (Fosifch), alejada por ahora de la Conaie.

Toapanta, quien solo terminó la primaria, presentó al Gobierno, en nombre de la Fosifch, un plan de repoblación de borregos. Él viajó a Uruguay, junto a Correa, para negociar los ovinos y en el enlace 186 mostró regocijo: “Única vez en la historia que un indígena, Manuel Toapanta, tuvo la oportunidad de viajar a Montevideo, junto al asiento (del Presidente), a lado, como a hijo llevó. Eso es cambiar nuestra patria”.

Al indagarle sobre esos cambios, indica que consiguió la inspección para construir en su provincia 200 casas de 48 m² con el bono de la vivienda. Señala como uno de sus logros la consecución de un permiso para una línea de buses y la entrega de 2.800 títulos de propiedad que el INDA hizo meses atrás.

Pero su proyecto estrella, la importación de los borregos uruguayos, enfrenta tropiezos, pues no hay muchos interesados. Se planea traer 12.600 animales destinados a 600 beneficiarios de Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Cada uno recibiría 20 hembras y un macho, pero mediante un crédito del Banco Nacional de Fomento (BNF) por $ 5.000, pagaderos a cinco años plazo.

Josefina Tigasi, de Tigua centro (Cotopaxi), dice que no le conviene el plan. Ella pastorea 20 ovejas en los pajonales, porque no tiene potreros. Afirma que es duro tener una deuda de $ 5.000, cuando por la venta de un borrego grande y gordo percibe $ 80 como máximo. La lana tampoco es rentable: el quintal (que se logra al trasquilar diez ovejas) se vende a $ 4.

El dirigente señala que el plan es rentable, que la lana lavada se exportará a China y la carne a Estados Unidos. Hasta el pasado martes, en las tres provincias solo había 300 interesados. Aquel plan y el liderazgo de Toapanta es cuestionado inclusive en su propia comunidad Cuatro Esquinas. Luis Jara, tesorero de la Fosifch, dice que solo ha creado discordia. “No sé cómo se ha hecho del Gobierno, si acá no nos ha dado nada. Más hemos trabajado con la Conaie y ahora ellos nos han dejado a un lado, por culpa de Toapanta”, dice.

Esa misma discordia hay en Maca Grande, comunidad de Cotopaxi, de donde es oriundo Segundo Ayala Choloquinga. Él creó la Asociación de agricultores Señor de Macas, que integra, según dice, a cien familias, y se extiende a otros sectores de la provincia. Afirma apoyar al Gobierno y critica a la Conaie y a sus dirigentes, “por solo buscar cargos burocráticos para ellos”.

“Nosotros estamos consiguiendo verdaderos proyectos de beneficio para el indígena. Con el presidente Correa vamos a tener centros de salud, centros de artesanías, ya llegará el cambio”, señala. Pero Andrés Ayala, directivo del cabildo de Maca Grande, lo acusa de tramitador. “Está con el Gobierno y solo quiere debilitar y dividir a las comunidades. Él vive en la ciudad, cómo puede hablar en nuestro nombre. Si el Gobierno quiere dar proyectos, que coordine con el cabildo central”, reclama.

Luego de varios años de desorganización, en Morona Santiago resurge la OSHE, cuyo presidente, Alfredo Pitiur, aclara que no es incondicional al gobierno de Rafael Correa, pero prohíbe que sus integrantes participen en alguna medida contra el régimen o apoyen a la Federación Interprovincial de Centros Shuar (Ficsh), aliada de la Conaie y con sede en Sucúa.

Desde enero pasado, la OSHE volvió a poner al aire radio Kiruba, tras una para de casi un año. En la madrugada y las noches, la emisora transmite en shuar y habla de los planes gubernamentales, de la importancia del diálogo para conseguir obras. Es la antítesis de radio La Voz de Arutam, de la Fisch, que enfrentó un proceso de cierre, acusada de incitar a la violencia en el paro indígena de septiembre pasado.

El presidente de la OSHE dice que el Prodepine (Programa de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Negros) los apoyó para readecuar la sede, mientras que los equipos de la radio fueron financiados por una entidad que no quiere revelar. Está confiado de que el Conatel le va a autorizar el aumento de la potencia de la emisora para cubrir las provincias de Morona Santiago, Pastaza y Zamora Chinchipe.

“Nosotros no creemos en los paros y la violencia. La Conaie será una organización grande, pero no nos representa. La movilización que proponen es más política que clasista”, señala.

La OSHE ha conseguido –recalca– $ 200 mil para la compra de ganado para diez comunidades, no todas indígenas. El dinero es del BNF de un presupuesto de $ 10 millones destinados a ganadería sostenible. Pitiur es partidario de la extracción minera, a cambio de obras para las comunas locales, y defiende el proyecto oficial de ley de aguas.