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QUITO. La asambleísta Lourdes Tibán (PK, de pie) dialoga con los oficialistas Mauro Andino y Betty Carrillo, en el intermedio del análisis de los nuevos textos de la Ley de Comunicación.

Los medios públicos deben llenar los vacíos culturales y étnicos, brindar espacios y programación al público, no ser canales gubernamentales ni de objetivos políticos del gobierno de turno.

Así lo afirmó ayer el presidente de la Asociación de la Canales de Televisión del Ecuador, Marcel Rivas, en la comisión general que instaló la Comisión ocasional que estudia el proyecto de Ley de Comunicación y que  reactivó el debate sobre los medios públicos.

Rivas comentó que este sector de medios debe ser financiado con fondos del Estado y no por los recursos que se asignan como publicidad gubernamental o del Estado, y cuyo control en montos y destino deben ser del mismo Gobierno.

El representante de los canales también afirmó que no es aceptable bajo ningún punto de vista que adicional al presupuesto del Estado se les permita a los medios públicos acceder a los presupuestos de la publicidad privada, porque constituye una competencia desleal, por lo tanto, es una desventaja para los medios privados.

Rivas explicó a los legisladores presentes que los  privados ofrecen rating o audiencia, mientras que los públicos programación, y si se otorga publicidad privada se estaría permitiendo la desaparición de los canales, al no poder competir en igualdad de condiciones.

Alrededor de este tema existe división entre los asambleístas miembros de la Comisión, mientras Fausto Cobo (SP) y César Montúfar (MCN) sostienen que no se debe permitir publicidad en los medios públicos  porque causaría dependencia de las empresas que financian.

Pero, desde el sector del Gobierno, el asambleísta Mauro Andino (PAIS) señala que en otros países  los medios públicos no solo viven del presupuesto estatal, sino también de donaciones externas y de publicidad privada.

El representante de la Asociación de Canales advirtió también que el gremio no está de acuerdo con que en el proyecto se incluya la creación de un Consejo de Comunicación que sea acusador, juzgador y sancionador.

El Consejo puede normar, hacer sugerencias y receptar denuncias y remitirlas a la Función Judicial, donde se debe juzgar a los medios en caso de excesos. Además, la Constitución señala que no se pueden crear organismos especiales para el juzgamiento, dijo.

Pero la presidenta de la Comisión ocasional de Comunicación, Betty Carrillo (PAIS), insiste en que el Consejo debe ser creado y estar representado a través de los ministerios de Educación y Cultura, uno del Consejo de Igualdad, uno de las facultades de Comunicación Social y tres representantes de la ciudadanía.

Para Montúfar, esta arbitrariedad, que no estaba en el acuerdo con los bloques legislativos, lograda en diciembre pasado, es una posición de los sectores más reaccionarios del Gobierno. “Pero ahí estamos nosotros y no vamos a permitir aquello”, manifestó.

Y advirtió que si el bloque de PAIS rompe el acuerdo legislativo, se debería pensar en la revocatoria de mandato de la Asamblea. “Ya no tendría razón de existir la Asamblea”, dijo.

César Montúfar
ASAMBLEÍSTA CND
“Si no se respeta el acuerdo (de entre bloques) sobre Ley de Comunicación, hay que revocar a la Asamblea”.

Rolando Panchana
ASAMBLEÍSTA PAIS
“El caso de la televisión por cable e internet no se incluirá en la Ley por ser un tema de Telecomunicaciones”.