Martes 16 de marzo del 2010 Política

CJ y Fiscalía se disputan control a jueces y fiscales

QUITO

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QUITO. El fiscal subrogante Alfredo Alvear se negó a que el Consejo de la Judicatura revise los expedientes de 65 fiscales.

La Corte Constitucional (CC) será la instancia que resuelva el conflicto de competencia entre el Consejo de la Judicatura (CJ) y la Fiscalía, por el control disciplinario de los jueces y fiscales a nivel nacional.

La disputa entre ambas instituciones se generó tras la negativa del fiscal subrogante, Alfredo Alvear, para que sea el CJ el que tramite los 65 expedientes administrativos para revisar la conducta de los fiscales que respaldaron a Washington Pesántez y su esposa Aliz Borja, implicada en el accidente de tránsito en el que murió Natalia Emme.

Ayer el director ejecutivo del Consejo, Gustavo Donoso, adelantó que pedirán a la Corte Constitucional dirima el conflicto y defina qué institución se quedará con el control disciplinario de la Función Judicial, durante lo que queda de la etapa de transición.

Para ello, dijeron, dan los últimos toques a un informe jurídico en el que analizarán los argumentos de la Fiscalía para defender esa atribución.

Según el CJ, el artículo 181, numeral 3, de la Constitución, les permite dirigir los procesos de selección, evaluación, ascensos y sanción de jueces, fiscales y demás servidores de todas las instituciones de la Función Judicial. Mientras, la Fiscalía defiende esa potestad, que le otorga el Código Judicial, en la etapa de transición.

Según el vicepresidente del CJ, Max Ulpiano Salazar, la Constitución les da la facultad de administrar y controlar la disciplina de los integrantes de los entes de justicia del país.

Para Donoso, jerárquicamente la Constitución está por sobre el Código Judicial, por tanto, el CJ es el órgano de gobierno encargado de fiscalizar a los jueces y fiscales.

Por esta resolución, los vocales del CJ se negaron a integrar una veeduría, que vigile, según el pedido que formuló la Fiscalía, la transparencia del tramite del caso de la muerte por atropellamiento de Emme y de los expedientes administrativos de los 65 fiscales que respaldaron a Pesántez y a su esposa.

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