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QUITO. Gonzalo Ruiz (i), Guadalupe Fierro, Vicente Ordóñez y Victoria Solís, durante el foro sobre Ley de Comunicación, organizado ayer por la Unión Nacional de Periodistas, núcleo Pichincha.

La presidenta de la Comisión ocasional de Comunicación, Betty Carrillo (PAIS), afirmó que su coideario y presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, jamás consultó al bloque el acuerdo político suscrito en diciembre respecto a la Ley de Comunicación.

Insistió en que dentro del Consejo de Comunicación el Ejecutivo debe estar representado a través de los ministerios de Educación y Cultura, y ratificó su posición de incluir a esos representantes y que no rompería el acuerdo político donde se señala que el Consejo será autónomo e independiente del Gobierno y poderes fácticos.

Como –según dijo– Cordero jamás consultó al bloque sobre la decisión de que se crea un Consejo de Comunicación autónomo e independiente del Gobierno, esa fue una decisión tomada a título personal.

Explicó que el Gobierno es parte del sistema de comunicación y que por esa razón no se puede alejar del Consejo a un actor del sistema. Pero también señaló que es su propuesta, pero que si hay otra donde se plantee una representación absolutamente ciudadana, la acogerán en la Comisión ocasional.

“Si en el sistema de comunicación está el Ejecutivo, no podemos, por un capricho de orden político, quitarle algo que tiene, la necesidad no solo de generar políticas públicas, sino además de participar”, dijo.

Carrillo agregó que en la cita en la que se llegó al acuerdo el movimiento PAIS tuvo un solo representante y en contra “estuvieron todos los demás partidos políticos y bancada, eso no es democracia. ¿Cómo podíamos pedir que el acuerdo sea diferente, con una oposición absoluta liderada por el presidente Fernando Cordero?”.

Estas declaraciones las hizo Carrillo tras recibir a Enrique Arosemena, director de medios públicos, quien planteó que la Asamblea permita que puedan vender y transmitir publicidad e indicó que el canal y la radio pública tiene que autosustentarse por lo menos en su parte operativa.

“Si no tenemos la posibilidad de generar recursos a futuro, podría haber un cierre de llave de esos recursos y llevaría a que mueran los medios públicos”, dijo Arosemena. Tampoco pretende recibir publicidad de forma indiscriminada, pues debe haber autorregulación.

Actualmente, por un decreto, EcuadorTV y Radio Pública reciben dinero de las campañas que hacen ministerios e instituciones públicas, agregó. Planteó como fórmula que el Estado alimente con el 60% del presupuesto a los medios públicos y el 40% lo haga la publicidad pública o privada.

Esa propuesta no le gustó a Gustavo Alarcón, de los canales regionales comunitarios, quien reclamó que los medios públicos transmitan publicidad porque son financiados con recursos estatales, “incluso va en contra de la Constitución porque crea una desigualdad”. Advirtió que la televisión comunitaria está por desaparecer, porque toda la publicidad estatal no llega a los canales locales.

Rolando Panchana (PAIS) afirmó que la publicidad en los medios públicos no es un tema político, sino práctico; y que esos medios deben tener la garantía no solo de independencia, sino también de la solvencia para volverse competitivos.