Las ilusiones se desvanecen por la fuerza de la ley manejada por constructores incumplidos.

Hace más de dos años me adherí a un proyecto inmobiliario para adquirir casa propia. Cuando firmé, se me indicó que la fecha de entrega de mi vivienda sería en junio del 2009; dicha palabra ha quedado en el aire, aunque está asentada en una escritura pública.

A inicios del presente año y ante varias solicitudes fui recibido por el director comercial de la constructora, quien me indicó que me darían la casa a finales de marzo del año en curso, por lo cual, y con la finalidad de cumplir con mis obligaciones, procedí a tramitar el préstamo hipotecario en un banco de la capital; pero mi sorpresa fue mayúscula cuando el propio agente del banco, al ver el nombre del proyecto, me advirtió que confirmara la fecha de entrega con la constructora, puesto que el proyecto ha tenido ya varios inconvenientes en las fechas de entrega a otros clientes.

Con tan mala noticia fui al sector de la Mitad del Mundo, lugar donde se desarrolla el proyecto, a ver cómo avanzaba la construcción de mi casa, pero a 20 días de la supuesta entrega sigue la obra “gris”, no hay ni una baldosa puesta, peor un armario; al parecer, mi espera se alargará y lo único que me queda es tener paciencia. ¿Por qué? Sencillamente porque no existe un ente que controle los contratos de adhesión o promesas de compraventa en el sector inmobiliario.

El espejismo de tener casa propia invita a la firma de documentos exigentes de pagos puntuales para el comprador, pero con una actitud de incumplimientos de parte del constructor.

Ahora solo me queda esperar, porque legalmente, al parecer, no les puedo exigir y más bien debo “agradecerles” por el “favor” de que me sigan construyendo el proyecto.

Advierto a futuros compradores que se percaten en las cláusulas de incumplimientos de los constructores.

Guillermo Belmonte Viteri,
Quito