Según la Constitución de Montecristi, quien fiscaliza es la Asamblea Nacional, el poder Legislativo. No fiscalizan los partidos políticos. Sin embargo, eso es lo que parece estar ocurriendo. Un grupo de asambleístas ha insistido en las últimas semanas en que se debe enjuiciar al Ministro Fiscal. Reunieron argumentos, recogieron firmas y ofrecen presentar pruebas. Creer que se trata de un intento político para perjudicar al Gobierno sería ridículo, ya que son legisladores de Alianza PAIS. Pero en lugar de proceder como manda la ley, el partido en el poder lleva dos días discutiendo, a puerta cerrada, si el Fiscal es culpable o no.

Exactamente lo mismo hicieron con todas las propuestas importantes de fiscalización: es Alianza PAIS la que decide.

En los hechos, entonces, la Asamblea habría renunciado a fiscalizar y le habría cedido esa potestad a un grupo político, el que detenta el poder.