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QUITO. El presidente del Consejo Electoral, Omar Simon (d), respondió ayer a varios asambleístas sobre los cuestionamientos al proceso para elegir al nuevo Consejo de Participación.

Los sectores de oposición en la Asamblea Nacional intentarán ratificar lo aprobado por el pleno y rechazar el veto presentado por el presidente Rafael Correa a la ley de Participación Ciudadana.

Entre los cambios más importantes que plantea el régimen a esta norma está la disposición a los medios a realizar rendición de cuentas una vez el año.

El presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, Luis Morales (Prian), ratificó su rechazo a la idea de la presentación de informes de actividades a una entidad estatal por considerarla atentatoria a la libertad de prensa. “Si hay que pedir cuentas a los medios de comunicación, ellos lo hacen todos los días a través de sus publicaciones. Nosotros no vamos a permitir que pase aquello”, agregó.

Morales añadió que este proyecto garantiza a la ciudadanía el libre acceso a la información y que con la obligación de la rendición de cuentas se busca eliminar ese derecho.

A esta posición se suma el bloque de Sociedad Patriótica.

La meta de la oposición es conseguir los 82 votos necesarios para ratificar el proyecto, pues con una mayoría simple la Asamblea se allanaría a los reparos del Ejecutivo.

Cynthia Viteri, asambleísta de Madera de Guerrero, puntualizó que la disposición sobre los medios de comunicación no tiene nada que ver con la ley de Participación Ciudadana, y que cualquier observación en ese sentido debería estar incluida en la Ley de Comunicación que se elabora.

“Esta es una forma de controlar a los medios que se han escapado del secuestro del Gobierno”, dijo Viteri, y adelantó que su posición será de oposición a que pase este veto.

En tanto, en el oficialismo hay sectores que están de acuerdo con el allanamiento a los repartos expuestos desde la Presidencia de la República.

María Soledad Vela (PAIS), integrante de la Comisión de Participación, manifestó que aún está en análisis el veto, pero recalcó que los medios de comunicación brindan un servicio que sí tiene efectos en la ciudadanía, por lo que deben ser considerados como personas jurídicas del sector privado que prestan un servicio público.

Vela aseveró que los medios rinden cuentas de su accionar día a día a través de su trabajo y que el hecho que tengan que hacerlo una vez al año es simplemente informarle a la ciudadanía aquello, a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

Disposición es ‘Política’
Para el jurista Antonio Rodríguez, esta disposición del Gobierno es estrictamente política y que lo que busca ya no es solo controlar, sino perseguir a los medios privados.

Puntualizó que ya existen entidades técnicas estatales que están encargadas de supervisar si cumplen o no sus obligaciones, como es el caso del Servicio de Rentas Internas (SRI), que vigila el pago de impuestos.

“Como compañías que son los medios están bajo al control de la Superintendencia de Compañías”, dijo.

Rodríguez aseguró que la Presidencia de la República también cumple un servicio público y no somete sus cuentas al Consejo de Participación Ciudadana, porque lo hace ante un organismo técnico como es la Contraloría General del Estado, al igual que a los bancos, con la Superintendencia de Bancos, por lo que exigir a los medios rendir cuentas tiene una clara intención política.

Observaciones: Ley de participación
Cynthia Viteri
ASAMBLEÍSTA
“La disposición sobre los medios es una forma de controlar a los que se han escapado del secuestro del Gobierno”.

Antonio Rodríguez
JURISTA
“La Presidencia de la República también cumple un servicio público y no somete sus cuentas al Consejo de Participación”.