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Lucía Fernández renunció tras informe de Procuraduría.

El presidente Rafael Correa aceptó la renuncia de su delegada ante el directorio de la Autoridad Portuaria de Manta (APM), Lucía Fernández, quien la presentó luego de que la Procuraduría determinó la terminación unilateral del contrato de concesión y el cobro de las garantías por incumplimiento de la concesionaria Terminales Internacionales del Ecuador (TIDE), miembro de la operadora portuaria china Hutchinson Port Holding.

La designación del nuevo presidente de APM se dará mañana durante una reunión del Consejo Nacional de la Marina Mercante y Puertos, en Guayaquil, cuyos miembros plantearán ternas para que el Mandatario escoja al nuevo delegado de la presidencia en la APM, dijo ayer Andrés Martínez, viceministro de Transporte y Obras Públicas.

El funcionario justificó el informe negativo de la Procuraduría al mencionar que el Estado no puede aceptar una compañía como TIDE, para luego ofrecerla a un tercero, sin la confirmación sobre la existencia de pasivos ocultos. “Ningún inversionista puede aceptar una empresa sin conocer su pasado. Nadie acoge un negocio sin saber las deudas que pueda tener”.

El Gobierno definirá el modelo jurídico que se aplicará para desarrollar el puerto de Manta a mediados de abril. Entre las opciones se analiza la creación de una empresa pública o iniciar una nueva licitación bajo condiciones económicas establecidas por el régimen.