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MANTA, Manabí. El puerto se mantiene con intervención estatal desde hace un año tras la salida de Hutchinson Port Holding.

El Gobierno se alista para afrontar un posible litigio internacional con Hutchinson Port Holding (HPH), tras el informe desfavorable de la Procuraduría del Estado en torno al acuerdo mutuo entre esa concesionaria y Autoridad Portuaria de Manta (APM) para mantener vigente la concesión.

La decisión se dio pese a que los directivos de APM consideraban que el acuerdo era el camino más viable para finiquitar la participación de HPH a través de la concesionaria Terminales Internacionales del Ecuador (TIDE) con la transferencia del 100% de las acciones a un fideicomiso de la Corporación Financiera Nacional (CFN).

Así se pretendía mantener vigente la concesión para ceder en el futuro parte del paquete accionario a otras empresas internacionales interesadas en invertir para construir un puerto de transferencia de carga con un calado que va entre los 18 a 20 metros.

La presidenta de APM, Lucía Fernández, puso a disposición su cargo ante el presidente de la República, Rafael Correa, el miércoles pasado por asuntos personales, dijo, aunque la renuncia no es de carácter irrevocable por lo que se espera la decisión del Mandatario.

“Nos preocupa demasiado pues tal vez no vamos a tener la misma facilidad con la hoja de ruta anterior pero el gran proyecto del puerto se mantiene (...), hay ciertos escenarios políticos que no son los más atractivos para esta visión pero no creo que tengan el peso como para frenar el objetivo”, dijo.

El embrollo jurídico ante el abandono de TIDE de la concesión en febrero del 2009, tras dos años de administración, proseguirá. El Gobierno aspira a cobrar hoy las garantías que superan los $ 7 millones ante el supuesto incumplimiento de los concesionarios del contrato de concesión.

Aunque se espera una respuesta de TIDE para aumentar el plazo de cobro que termina el martes, lo que permitiría la apelación de APM a la decisión de la Procuraduría, el alcalde de Manta, Jaime Estrada, afirmó que el hecho sería consumado por lo que se analizan nuevos mecanismos para concretar un puerto de transferencia de carga en Manta.

Fernández volvió a recalcar que tenía el aval de Correa en torno a iniciar una negociación con HPH para conseguir un acuerdo mutuo. “Tenemos seis meses viajando a Quito consensuando documentos y a última hora tenemos este pronunciamiento negativo del Procurador (Diego García) y nos llama la atención porque el mismo Presidente avalaba esta vía”.

Uno de los argumentos de la Procuraduría es la falta de documentos requeridos que sirvan como soporte para garantizar la ausencia de pasivos ocultos durante el periodo de concesión, determinado por una consultora internacional. “Esos documentos debían haberlos entregado TIDE y no nosotros”, explicó Fernández.

TIDE mantiene equipos que cuestan $ 9 millones. Se suman inversiones para reforzar un muelle por unos $ 2 millones y estudios de obras a ejecutarse.