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Decenas de productores camaroneros de varias provincias se reunieron ayer en los bajos del antiguo Ministerio del Litoral para rechazar un decreto que, según ellos, los afecta.

No habían pasado 24 horas tras el anuncio de protesta que hicieron el lunes los camaroneros por el Decreto Ejecutivo Nº 261, del 27 de febrero del 2010, que reforma el Reglamento a la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero, para que el subsecretario de Acuacultura, José Centanaro, admitiera ayer por la mañana que hubo errores en la redacción del texto.

El funcionario aseguró que se corregirán tres puntos y se reconsiderará otro.

En total, habrá cuatro cambios en la propuesta inicial, que tiene nueve artículos.

Las enmiendas, que entrarán en vigencia mediante un alcance al decreto, abarcarán artículos y literales relacionados con el motivo para finalizar una concesión, límites de producción en la propiedad privada, asociación entre personas naturales y vigencia de las concesiones que otorga el Estado.

Los camaroneros reclamaron el lunes, en Guayaquil, que la medida prohíba la relación entre productores, ya sea de tierras bajas, zonas de playas o bahías donde el Estado otorga una concesión; o en zonas altas, que son de propiedad privada, donde se requiere una autorización estatal para el funcionamiento de predios camaroneros.

Rechazaron que una de las nuevas causales para finalizar una concesión sea por un caso de afectación ambiental.

Sobre el daño ambiental, Centanaro reconoció que “faltó ser más específico; allí el tema es superficial y muy amplio”.

Respecto al alcance del decreto a la actividad en tierras de propiedad privada, dijo: “Debo reconocer que se ha utilizado la palabra autorización, cuando no debió ir incluida allí”.

Señaló que no habrá intervención estatal en tierras particulares, “por lo que podrán seguir trabajando normalmente bajo los parámetros establecidos”, agregó.

Además, sostuvo que el art. 1 se va a reformar para que las personas naturales no entren en la prohibición de relacionarse, pero aclaró que no deben manejar más de 50 hectáreas cada una, como dice la ley.

Indicó que el Gobierno ha reconsiderado el art. 4, que fija el tiempo de concesión por cinco años, al asegurar que la vigencia se mantendrá en diez años.

“Esto se lo hizo pensando en que en cinco años se puede hacer un mejor control, pero como estamos en un proceso para que los pequeños productores sean sujetos de crédito, es mejor mantener la vigencia de diez años para asegurar una mejor garantía”, explicó.

El anuncio de corregir el decreto no evitó la concentración de los camaroneros, ayer por la tarde, en los bajos del antiguo Ministerio del Litoral.

Allí, el presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura, César Monge, y otros representantes provinciales del sector camaronero fueron recibidos por el Subsecretario.

Una vez más Centanaro reconoció el “error que cometimos en el primer decreto” y anunció que tendrá una mesa de trabajo en el Ministerio de Agricultura para delinear los correctivos.

Los protestantes se marcharon con el compromiso de que su reclamo será escuchado.

Detalles: Regularización
Vence plazo
Pese a la polémica por el nuevo decreto, el proceso de regularización no se detiene. El plazo vence este 31 de marzo, según el anterior Decreto Ejecutivo Nº 1391.

Un 25% del sector todavía no ha entrado a la formalidad.

Cara o sello: Lo que se comentó
César Monge
PRESIDENTE DEL CNA
“Algún trasnochado hizo el documento y las autoridades lo han firmado sin saber su alcance nefasto”.

José Centanaro
SUBSECRETARIO DE ACUACULTURA
“Faltó ser más específico; hay temas superficiales y muy amplios en el primer decreto”.