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QUITO. Los integrantes de la Comisión de Participación Ciudadana, presidida por el asambleísta Luis Morales (Prian), se reúnen hoy para analizar el veto presidencial.

La posible influencia de los medios de comunicación en la concepción de las personas respecto de la realidad y la premisa de la comunicación como un servicio público son las razones expuestas por el Ejecutivo para la inclusión de estas entidades en el proceso de rendición de cuentas.

Según el veto del presidente Rafael Correa al proyecto de ley de Participación Ciudadana, enviado a la Asamblea Nacional el viernes pasado, los medios deberán informar sus actividades una vez al año.

La tercera transitoria del proyecto, que no fue objetada por el Gobierno, faculta al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPC) a organizar este procedimiento. Este organismo (que está en proceso de conformación) tiene entre sus atribuciones, de acuerdo con su ley orgánica, establecer mecanismos para la rendición de cuentas.

Así, los medios, por mandato de esta norma, deberán presentar balances anuales y niveles de cumplimiento de obligaciones laborales, tributarias, pues son considerados como personas jurídicas del sector privado que prestan un servicio público o desarrollan actividades de interés público.

Tanto en el proyecto de ley aprobado en el legislativo como en el veto del Ejecutivo se establece que en caso de incumplimiento se aplicará lo establecido en la ley del CPC.

Sin embargo, en esta norma solo constan sanciones a las entidades públicas que no cumplan con este proceso, sin que exista alguna mención para los medios de comunicación.

En cambio, el Gobierno estableció en el veto más límites al proceso de rendición de cuentas de sus funcionarios y de los organismos seccionales.

En el proyecto enviado por la Asamblea se dispuso que esta obligación se realice al menos una vez al año, al final de la gestión del funcionario y cuando lo solicite la ciudadanía, de manera individual o colectiva. Además de la realización de audiencias públicas al menos una vez al mes.

En el veto se limitó a que el proceso de rendición de cuentas sea una sola vez al año, para que no se convierta en una traba de la gestión pública. Además se reguló la convocatoria a las audiencias públicas con las autoridades.

El secretario jurídico, Alexis Mera, manifestó que el legislativo estableció que las rendiciones de cuentas del Presidente o los ministros deben hacerse cuando alguien solicite y que eso es inviable. “Es ingobernable cuando el proyecto dice que cualquiera puede pedir una audiencia pública, en cualquier momento (…)”, dijo.

Asimismo, el régimen vetó la primera transitoria del proyecto que establecía que no se podrá transferir recursos económicos y el uso de infraestructura y bienes del Estado para actividades de proselitismo político, promoción personal, partidaria o gubernamental en todos sus niveles.

El Ejecutivo propuso el retiro de la palabra gubernamental, con el argumento de que no se puede impedir a la ciudadanía que conozca la obra pública y sus avances, en todos los niveles de gobierno (Gobierno central, organismos seccionales).

Luis Morales (Prian), presidente de la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea, señaló que hoy los integrantes de la comisión se reunirán para analizar el veto presidencial. Aseguró que él propondrá la ratificación de lo aprobado por los legisladores.

Detalles: Otros puntos del veto del Ejecutivo
Obligación de medios
El veto presidencial obliga a los medios a crear espacios concernientes a la participación ciudadana en cuyos contenidos tengan los derechos y deberes ciudadanos, las distintas formas de participación ciudadana y el control social.

Presentación de proyectos
La iniciativa popular para presentar proyectos de ley deberá cumplir dos requisitos: que la norma esté bien redactada; y respaldada con el 0,25% de firmas, según el padrón electoral.

Correo para quejas
El Ejecutivo también vetó la responsabilidad de las autoridades públicas del Estado de tener un correo electrónico y propuso solo un correo institucional para recibir quejas y propuestas.