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QUITO. Los asambleístas de PAIS María Paula Romo (i) y Virgilio Hernández dialogan durante la sesión de ayer en la Asamblea Nacional.

Frente a las deficiencias de control del Consejo de la Judicatura (CJ), el régimen –a través del Ministerio de Justicia– promoverá una auditoría a los jueces y fiscales del país, proceso en el que se evaluarán sus actuaciones en trámite de procesos.

La auditoría se contempla en las últimas reformas a los códigos Penal y de Procedimiento Penal aprobado por la Asamblea. El texto fue acogido por el presidente Rafael Correa, quien el pasado 4 de marzo remitió a la Legislatura sus observaciones al proyecto que ayer llegó a la comisión de Justicia.

Según el texto del proyecto, Correa negó el pedido del pleno del CJ para que se objete parcialmente la tercera disposición transitoria, a fin de que se entregue a ese ente, con el respaldo del Ministerio de Justicia, la facultad de realizar la auditoría a jueces y fiscales.

Según la norma, en los 30 días siguientes de entrada en vigencia de la reforma, el Ministerio de Justicia contratará una auditoría externa que emitirá un informe detallado de la actuación de los jueces de garantías penales y los fiscales, respecto del ejercicio de sus responsabilidades constitucionales y legales.

El vicepresidente del CJ, Max Ulpiano Salazar, opina que el Ministerio de Justicia no está legalmente facultado para contratar ese tipo de auditorías.

La presidenta de la Comisión de Justicia de la Asamblea, María Paula Romo, explica que la transitoria se incluyó en la reforma debido al incumplimiento de trabajo en el CJ, que “no cuenta con información suficiente, no ha desarrollado un sistema de estadísticas, hay una omisión institucional y quienes hoy son vocales de ese ente no tomaron medidas correctivas”.

En el veto, Correa hizo seis observaciones a cinco artículos y a una disposición transitoria del proyecto de ley. En el artículo tres solicita que los delitos contra la propiedad (robo) sean sancionados con 3 a 6 años de reclusión menor extraordinaria y multa de $ 6 a $ 16.