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El presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura, César Monge, segundo desde la derecha, junto a representantes camaroneros que piden al Gobierno que no se aplique el Decreto Nº 261.

Las reformas al Reglamento de la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero entrarán en vigencia a partir de que se publique en el Registro Oficial el Decreto Ejecutivo Nº 261.

Dicho documento, que fue firmado el pasado 27 de febrero por el presidente de la República, Rafael Correa, y los ministros de Agricultura, Ramón Espinel, y de Productividad, Nathalie Celi, tomó por sorpresa al sector camaronero, que ayer se reunió en Guayaquil para anunciar su resistencia a los cambios planteados por el régimen.

El escrito consta de nueve artículos, una disposición general y un artículo final.

Entre las modificaciones que preocupan a los camaroneros está el Art. 3, que sustituye el texto de los literales a) y b) del Art. 83.

Allí se establece que el área que se otorgará a personas naturales será de hasta 50 hectáreas como máximo, mientras que para las jurídicas, el límite será de 250 hectáreas.

En ambos casos, señala el escrito, “se prohíbe que estas se vinculen con empresas relacionadas con la finalidad de obtener una extensión mayor a la señalada”.

Para el presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura, César Monge, con esta medida el Estado restringe la asociatividad y cooperatividad, “que son acciones garantizadas en la Constitución”, dijo.

Monge señaló que este, al igual que otros puntos del decreto, al que los camaroneros denominaron “mancha verde”, por el color del partido del Presidente, Alianza PAIS, tiene vicios anticonstitucionales.

Monge también encuentra reparo al Art. 6 del decreto 261, que al final del Art. 89 del Reglamento agrega el siguiente inciso: “Si las áreas revertidas al Estado son concesionadas a comunidades del sector, estas no tendrán que pagar valor alguno por avalúo de obras de infraestructura”.

“Eso significa que el Estado no reconocerá la inversión que el productor haya hecho, endeudándose con la banca pública o privada, y se la regalará a quienes no han invertido, ¿es eso justo?”, cuestionó.

También se señaló que el decreto atenta contra la propiedad privada, al establecer limitaciones y sanciones en territorios que no le pertenecen al Estado ecuatoriano.

En zonas de playas o bahías, que son de propiedad del Estado, las autoridades correspondientes otorgan una concesión, que antes del decreto era de 10 años, y que será reducido a 5.

Para las tierras altas, que son de propiedad privada, el Estado se limita a otorgar una autorización de funcionamiento.

El decreto, sin embargo, establece los mismos límites en cuanto a hectareaje para la actividad en ambos tipos de territorios.

“Eso es como que usted tenga una casa con tres dormitorios, pero el Estado le diga que tiene que derrumbar dos, para que vivan seis (personas) en un solo cuarto”, comparó Monge.

Los representantes de distintas asociaciones de las provincias de Guayas, Santa Elena, Manabí, El Oro y Esmeraldas dijeron que la Ley de Aguas será otro “palazo” al sector. Según ellos, el Estado pretende cobrarles el agua de mar que utilizan en las camaroneras.

Para evitar la modificación al Reglamento, a través del decreto, y por el tema del agua, los acuicultores hicieron un llamado de unión a todos los integrantes del sector.

También solicitaron una reunión con el Presidente, pero sin su círculo de asesores jurídicos, pues aseguran que el tema es técnico.

“Algún trasnochado que solo sabe de leyes hizo este documento y las autoridades lo han firmado sin saber qué alcances nefastos traerá, con menor productividad y mayor desempleo”, acotó Monge.

Concentración
Representantes de los camaroneros protestarán hoy, a las 15:00, en los bajos del ex Ministerio del Litoral. Piden dialogar con el Presidente.

Observaciones
Criticaron que uno de los considerandos del decreto dice que la actividad camaronera en el país se ha cumplido sin respetar las normas sanitarias.

Exportaciones
Según el Banco Central, el sector camaronero exportó en el 2009 alrededor de 640 millones de dólares. Sus representantes dicen que generan 150 mil plazas de trabajo directo.

Regularización
El 72% del sector está regularizado o en proceso de hacerlo. El plazo vence este fin de mes. Según los acuicultores, las reglas cambian a última hora.