• Fotos

Ampliar imagen

QUITO. El secretario de la Presidencia, Alexis Mera, dijo que los cambios al proyecto son para mejorar y hacer eficaz y eficiente la participación.

El presidente Rafael Correa pidió incluir a los medios de comunicación en la rendición de cuentas que los ciudadanos podrán solicitar una vez al año bajo el argumento de que, siendo públicos o privados, prestan un servicio público, siempre que tal rendición de cuentas no esté contemplada mediante otro procedimiento en la Constitución y las leyes.

En esta misma línea sugiere incorporar en el ámbito del control social y las veedurías, aparte del sector público, a las personas naturales o jurídicas del sector privado que manejan fondos públicos, prestan servicios o desarrollan actividades de interés público, tanto en el territorio nacional como en el extranjero y, al referirse una vez más a los medios, indica que la creación de espacios para la formación ciudadana debe ser obligatoria, no facultativa.

Los mecanismos de la rendición de cuentas los deberá definir el Consejo de Participación Ciudadana.

Estas son algunas de las 28 objeciones que forman parte del veto parcial del Ejecutivo a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, en el que el presidente Rafael Correa expresa a los asambleístas que no toda decisión del poder público debe ser participada a la ciudadanía, porque existen casos en que las medidas adoptadas por el poder público, ejercido por autoridades legítimamente constituidas, deben ser resueltas y ejecutadas de forma “discrecional”, con los límites que establece la Constitución.

El presidente de la Comisión de Participación, Luis Morales (Prian), indicó que no está de acuerdo con ninguna de las objeciones porque se contradice con el discurso oficial de que “La Patria ya es de todos”.

Morales anunció que junto a los miembros de la comisión buscarán insistir en el proyecto que fue aprobado en consenso por 82 asambleístas.

El secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, dijo que el objetivo de los cambios en la ley es una mejor regulación a las audiencias públicas, pues en la ley se estableció que las rendiciones de cuentas del Presidente o los ministros deben hacerse cuando alguien solicite y que eso es inviable.

Plazo
La Asamblea tiene 30 días para allanarse o insistir en el proyecto, el Ejecutivo no mencionó ni la silla vacía ni la consulta previa vinculante dentro del veto.