En el veto parcial que el Ejecutivo hizo a la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, sugiere que el ministerio con competencia en las telecomunicaciones defina las políticas para coordinar las acciones de intercambio de información entre las instancias de registro de datos públicos.

El secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, dijo ayer que los cambios en esta ley son de carácter técnico e indicó que la propuesta es que la Dirección Nacional de Datos Públicos esté adscrita al Ministerio de Telecomunicaciones, pero que solo intervenga en cuestiones técnicas e informáticas y no en sanciones a los registradores de la propiedad.

Explicó que lo único que se busca es obligar a una interconexión electrónica y digitalizada entre los registros del país y desmintió que el Gobierno busque el control de los datos.

“A la información reservada no tiene acceso esa dirección y esta seguirá reservada como es la historia clínica, la afiliación política y religiosa. Lo que está es cuántas propiedades tiene, cuántos carros tiene y cuántos inmuebles y acciones tiene”.

Puntualizó que esto sí debe ser público para así evitar las compañías anónimas, en donde hay la posibilidad de que exista el lavado de dinero y activos. Además enfatizó que se mantiene el sigilo bancario.