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QUITO. El presidente del Consejo Nacional Electoral, Omar Simon (d), defendió la legitimidad del concurso de méritos y oposición que organizó la entidad para escoger al nuevo CPC.

La intervención política en el proceso de integración del Consejo de Participación Ciudadana (CPC) y los cuestionamientos a los sistemas de calificación y evaluación podrían hacer que el nuevo organismo no tenga carácter ciudadano, sino político, y que entre en funciones con desgaste.

En la Asamblea de Montecristi el oficialismo impulsó la creación del denominado Quinto Poder con el objetivo de despartidizar a los organismos de control. Por ello se planteó realizar concursos de méritos y oposición.

Sin embargo, la meta está lejos de cumplirse: de los siete futuros consejeros, todos tienen o tuvieron vinculación política y ocuparon cargos públicos.

Tatiana Ordeñana fue asesora del Ministerio del Litoral en el 2008 y candidata a la Constituyente por Concertación Nacional Democrática, del ex asambleísta César Montúfar.

Marcela Miranda presidió la Cooperativa de Todas, que fue creada en el 2003 por el canciller Ricardo Patiño. Fernando Cedeño, militante de PAIS en Manabí, ocupó varios cargos en este Gobierno.

Luis Pachala fue candidato a Alcalde de Guaranda por Sociedad Patriótica. David Rosero y Andrea Rivera fueron dirigentes de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE) y candidatos a asambleístas por el MPD, en el 2007.

Y Mónica Banegas suscribió un contrato profesional con el Ministerio de Justicia.

La subdirectora de la organización Participación Ciudadana, Anunciata Valdez, señaló que en la elaboración de la Ley del Consejo de Participación Ciudadana no se establecieron los límites adecuados para que personas vinculadas a los partidos políticos pudieran acceder al Consejo.

Sostuvo que aunque el proceso es legítimo porque cumplió con lo establecido en la ley, existen serias dudas de su origen ciudadano.

Para el catedrático de la Flacso, Teodoro Bustamante, la conformación del CPC es uno de los aspectos más negativos del proceso de transición de la nueva Constitución, por lo que él lo califica como ilegítimo.

“La participación ciudadana es un derecho que todos tenemos, no una cuota de poder. Aquí se pervierte este concepto para repartir el poder, un poder muy especial que es de control. El poder de control y la interferencia de la política es la clave de corrupción”.

Dijo que lo único que ha hecho el proceso es politizar las instituciones del Estado y convertirlas en parte de un botín político. “Es un sistema más corrupto de lo que nosotros hemos tenido, hasta ahora y al hacer una cosa en que un sector del poder controla todas las instancias de poder y de control como patrimonio personal”.

El Gobierno, sin embargo, defendió el proceso a través del canciller Ricardo Patiño.

El Ministro declaró que el concurso de selección está sustentado en una norma constitucional y legal, diseñada para despartidizar a los organismos del Estado. Y que no se puede descalificar un proceso por el hecho de que algunos candidatos hayan sido o sean amigos de funcionarios del régimen.

La fase de impugnación también generó una serie de interrogantes sobre los mecanismos de calificación y de evaluación de los méritos otorgados a los candidatos, pese a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) quiso demostrar transparencia a través de la publicación de todos los documentos en su portal en internet.

En esa etapa se denunció a los candidatos David Rosero y Cristian Cruz por falsificación de documentos, sin que el Consejo Electoral realice un cruce de información con otras instituciones durante la admisión de carpetas.

Valdez puntualizó que no existió un criterio definido al momento de calificar, sino mucha subjetividad.

El presidente del CNE, Omar Simon, aseguró que la legitimidad del nuevo CPC está garantizada por el respeto a las normas constitucional y legal con las que se realizó el concurso de selección de los nuevos integrantes.

Proceso

La elección de las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana deberá realizarse en el pleno del organismo, sin que tenga influencia las calificaciones del concurso.

Suplentes

Los nombres de los siete consejeros suplentes se conocerán una vez que finalice el proceso. Los candidatos con puntajes seguros son: Hugo Arias, Óscar Canelos, Carlos Vera Quintana, Franklin Moreno y Lucy Estupiñán.

Antecedentes

Juana Luisa Miranda
Nació en Guayaquil y tiene 58 años. Fue del sindicato de Empleados de la Empresa Municipal de Alcantarillado de Guayaquil, la Federación de Trabajadores Libres del Guayas y de la Cooperativa de Todas, creada por el canciller Ricardo Patiño. Es licenciada en Sociología de la U. de Guayaquil y tiene capacitación en género, elaboración de proyectos, participación ciudadana y mediación. Se postuló por el Centro para la Promoción y Acción de la Mujer. Fue la mejor puntuada, con 90,5.

David Alejandro Rosero
De 28 años de edad y oriundo de Ibarra, egresó de la U. Cristiana Latinoamericana de Ibarra. Participó en varias protestas como dirigente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE) y estuvo vinculado al Movimiento Popular Democrático, por el que se candidatizó a asambleísta en el 2007. Su postulación, que auspició la FEUE, fue impugnada por presentar el certificado de su egresamiento escrito a mano. Fue el hombre mejor puntuado: 87,50.

Patricia Ordeñana Sierra
Guayaquileña de 39 años y especialista en Derechos Humanos de la U. de Guayaquil. Fue vicepresidenta de la Asociación de Defensa de los Niños Internacional sección Ecuador, que patrocinó su candidatura. Fue presidenta de la Corporación de Mujeres Fragua y en el 2007 terció como asambleísta por Concertación Nacional Democrática, de César Montúfar. Fue asesora de los ministerios del Litoral y Justicia, y es amiga del canciller Ricardo Patiño. Su participación no fue impugnada.

Luis Alberto Pachala
Nació en Guaranda, pero su candidatura la registró en Quito con el auspicio de la Junta Nacional de Defensa del Artesano. De 39 años y economista graduado en la U. Central. Como afiliado del partido Sociedad Patriótica en el gobierno de Lucio Gutiérrez fue subsecretario de Bienestar Social; en el 2007 fue diputado del entonces Congreso y en los comicios del 2009 fue candidato a alcalde de Guaranda por Sociedad Patriótica. Será el único representante indígena en el nuevo Consejo.

Mónica Eulalia Banegas
Cuencana de 32 años que posee un doctorado en Jurisprudencia y un diplomado en Gerencia de Gobiernos Seccionales. Ha sido veedora de varios actos electorales como parte de Participación Ciudadana, organización en la que también estuvo Omar Simon, presidente del Consejo Electoral. Mantuvo un convenio de trabajo de asesoramiento con el Ministerio de Justicia en este Gobierno. Es la única ex vocal del Consejo de Participación Ciudadana transitorio que elaboró la ley que sustentó el concurso.

Fernando Enrique Cedeño
De 45 años y oriundo de Portoviejo. Egresó como abogado de la U. Eloy Alfaro. Fue subdirector del IESS en el 2008 y ocupó la secretaría del Ministerio de Economía en los periodos de Ricardo Patiño y Fausto Ortiz. Dirigente de PAIS en el 2008 durante el referéndum aprobatorio de la Constitución, y ya en Montecristi, organizó el diálogo ‘Otro Ecuador es posible’. Ex presidente de la Asociación Cristiana de Jóvenes en Portoviejo, que lo auspició. Es el tercer mejor puntuado de los hombres.

Andrea Elizabeth Rivera
Nació en Cuenca y es licenciada en Desarrollo Social de la Universidad Estatal de esa ciudad. De 30 años, es ex presidenta de la FEUE y de la Asociación Femenina Universitaria. Fue candidata a la Asamblea Constituyente por el MPD en el 2007. Fue presidenta de la Confederación de Mujeres Ecuatorianas por el Cambio e integra el directorio del Consejo Nacional de las Mujeres. Una organización de obreros de la salud auspició su candidatura. Es la cuarta candidata mejor puntuada.