Llega a las camaroneras la revolución ciudadana, mezcla de modernización, socialismo y autoritarismo.

El cultivo del camarón se realiza tanto en zonas bajas, de playa, propiedad del Estado, como en zonas “altas”, normalmente contiguas a las playas, de propiedad privada.

Todas las camaroneras requieren autorización:

-Las privadas, para obtener la calificación de tierra no apta para la agricultura; cuando están tierra adentro y no utilizan agua de esteros, se controla que no afecten a la agricultura al agregarle sal al agua de pozo.

-Las zonas bajas, puesto que el Estado otorga concesiones por diez años renovables, limitadas a 50 hectáreas por persona y 250 hectáreas por compañía.

Desde 1990 se han desarrollado camaroneras carentes de permisos; solo en manglares y zonas de playa han ocupado 44.462 hectáreas, determina el Clirsen.

Algunos de los ilegales serían gente adinerada, en otros de estrato popular, pero en ningún caso parte del sector empresarial formal, que cumple con los controles de los diversos organismos del Estado.

El presidente Correa decidió poner fin a esta informalidad. En octubre del 2008 dispuso la regularización de las camaroneras ilegales y la obligación de reforestar los manglares. A quienes no cumplan se los desalojará. Doble propósito: encuadrarlos en la ley y recuperar manglar, por consideraciones medioambientales.

El plazo para regularizarse, ya prorrogado, vence a fines de mes.

El 27 de febrero vino una segunda medida, dirigida a los regularizados. Considerando que las camaroneras “se han desarrollado en su mayoría incumpliendo con las normas ecuatorianas en ámbitos de salud, laboral y tributaria”, obliga a las camaroneras a presentar a las autoridades pesqueras los documentos que acrediten que cumplen las normas laborales, seguridad social y tributarias.

Hasta ahí la modernización; viene lo autoritario.

Sorpresivamente, el límite a la extensión de las concesiones no se aplicará ya a personas y empresas respectivamente, sino a familias y grupos empresariales. La intención no sería aplicar esto a futuro (puesto que no se desea que se expanda la acuicultura) sino a presente.

Si cinco hermanos con 50 hectáreas de concesión cada uno conforman una compañía para acceder a 250 hectáreas, ¿se le concederá el permiso, o considerará caducado el anterior y la familia pierde todo menos 50 hectáreas?

Al autoritarismo se le suma el socialismo: el limitante a las concesiones se hace extensivo a la propiedad privada.

Empresas que desarrollan camaroneras en su propia tierra, amparadas por la Constitución y las leyes, cumpliendo todas las normas, mediante decisión presidencial se les dice que las pueden obligar a reducir drásticamente el área de cultivo, perdiendo su inversión puesto que sus tierras no tienen vocación para algo distinto a la acuicultura.

¿Se ha evaluado el impacto sobre el empleo en el sector camaronero? ¿El deterioro de la cartera camaronera de la banca? ¿La pérdida de competitividad para un sector ya en desventaja frente al sudeste asiático, de costos más bajos? ¿El colapso de exportaciones que podría sobrevenir?

Más grave aún, la norma administrativa excede lo dispuesto por la ley. ¿Se tiene conciencia de lo que implica al derecho de propiedad agropecuaria y en general en todas las actividades?