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CAHAN, Francia. Uno de los tres miembros de ETA capturados días atrás en Francia vivió en Venezuela, según autoridades.

España pidió ayer a Venezuela colaborar con la investigación de un juez español a posibles vínculos del gobierno de Caracas con el grupo separatista vasco ETA y la guerrilla colombiana de las FARC, en un caso que amenaza desatar una nueva disputa diplomática.

La vicepresidenta primera del gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, defendió la actuación del Ejecutivo de solicitar explicaciones a Venezuela, e insistió en que el régimen de Hugo Chávez debe aclarar el supuesto apoyo brindado a la alianza entre ambos grupos que constan en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea.

El pasado 1 de marzo, Eloy Velasco, juez de la Audiencia Nacional española, procesó a seis presuntos miembros de ETA (Euskadi Ta Askatasuna) y a siete de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) por su supuesta colaboración para atentar en España contra altos cargos de Colombia, y señaló que ambos grupos tenían la “cooperación gubernamental” venezolana.

Según un auto judicial de 26 páginas presentado por Velasco, la ETA ayudó a entrenar a guerrilleros de las FARC para que atenten en España contra personalidades como el presidente Álvaro Uribe.
 
La investigación comenzó en diciembre del 2008 con una querella de la Fiscalía “a raíz de la información que se obtuvo en el computador de Raúl Reyes”, número dos de las FARC, muerto en una operación militar del Ejército colombiano contra las FARC en Ecuador en marzo del mismo año.

La ayuda de ETA presuntamente está planteada en un correo electrónico en el que se afirmaba que “tras adiestrar a miembros de ETA, se les planteó la posibilidad de contribuirnos con trabajos en España y otros países. Se habló de “el ex mandatario (Andrés) Pastrana;  Noemí (Sanín, ex embajadora en Madrid)  y Bernardo Gutiérrez (ex senador colombiano), según comunican, ahora no tienen muchas dificultades en localizar a los dos primeros”, afirmaba el  e-mail  incautado, según el documento presentado por Velasco.

En su auto judicial, el magistrado asegura que hay indicios de la “cooperación” del gobierno de Hugo Chávez en esa alianza entre ETA y las FARC, “en especial de Arturo Cubillas Fontán, que tiene o ha tenido un cargo público en ese país”.

Cubillas está casado desde 1990 con la “venezolana Goizeder Odriozola Lataillade”, que ha ocupado varios cargos públicos desde que Hugo Chávez llegó al poder en 1999, y él mismo fue nombrado en el 2005 director adscrito a la Oficina de Administración y Servicios del Ministerio de Agricultura y Tierras de Venezuela, señala el magistrado.

Según el juez Velasco, el presunto activista es también “responsable del colectivo de ETA en esa zona de América desde 1999, encargándose de coordinar las relaciones con las FARC y la participación de integrantes de la ETA en cursillos de explosivos y armamentos y en la difusión de técnicas de guerrilla urbana-terrorista”.

El auto notificado por Velasco resalta que Cubillas trató de fijar una reunión entre un miembro de ETA y Raúl Reyes en enero del 2004, para lo que contactó con Rodrigo Granda Escobar, aunque no se realizó el encuentro.

El juez asegura que en el 2007, en plena selva, ETA impartió cursos sobre el uso de explosivos a miembros de las FARC a los que los participantes fueron “con el conocimiento y la compañía de una persona que vestía chaleco con escudo de la DIM (Dirección de Inteligencia Militar de Venezuela) y de un vehículo escolta con militares venezolanos”.

Según el magistrado, “fruto de las gestiones” de Cubillo con el también procesado Emiro del Carmen Romero, entre el 14 de julio y el 12 de agosto del 2003, varios miembros de las FARC impartieron adiestramiento en la región de Zulia, fronteriza con Venezuela a cuatro etarras, “y se emplazaron para recibir más en el futuro”.

Ayer, el ministro del Interior español, Alfredo Pérez Rubalcaba, recordó que en el pasado, el gobierno venezolano denegó varias extradiciones de etarras solicitadas por España y que el gobierno español tuvo que intervenir para impedir que varios terroristas obtuvieran la nacionalidad venezolana.