La propuesta inicial del Gobierno de fijar en 20% el margen de soberanía (retención de dinero antes de repartos) que las petroleras privadas deben dejar al Estado no le satisfizo. Ahora quiere el 25% de los ingresos brutos generados por la venta del petróleo. Del 75% restante se cancelarán el costo por barril, gastos e inversiones.

El planteamiento consta en el borrador final del contrato de prestación de servicios que el ministro de Recursos Naturales no Renovables, Germánico Pinto, entregó el lunes. Las observaciones podrán entregarlas hasta el 8 de marzo y firmarlas en los próximos dos meses.

Galo Borja, ministro de los Sectores Estratégicos, confirmó que de llegar a un acuerdo deberá concretarse máximo hasta abril: unos en marzo y otros el siguiente mes, “se permitió esa flexibilidad porque no podemos ser tan estrictos”.

Pero, de no concretar nada, el Estado está en capacidad de asumir las operaciones.

El margen de soberanía es una especie de protección o colchón que el fisco busca para soportar los desplomes del precio del barril en el exterior; cuando el costo esté menos que la tarifa de producción y extracción, el Estado no perderá.

El margen de soberanía alimentará el Fondo de Soberanía Petrolera que consta en el proyecto de Ley de Hidrocarburos. La propuesta habla de un aporte no menor al 20%.

La cifra podría ser modificada e igualada al 25% lo que implicaría que las petroleras estudien compensar ese aumento elevando el costo de extracción que le cobrará el Estado, según un funcionario del ramo. Con ese nuevo margen, las contratistas tendrán una tasa interna de retorno del 12% y 15%.

El Ministerio de Recursos Naturales conformó los grupos negociadores: unos 24 profesionales se harán cargo.

El borrador de contrato indica que la contratista renuncia en forma incondicional e irrevocable a cualquier reclamo, demanda o indemnización contra Petroecuador. Y se la obliga a reconocer que el Estado no le adeuda nada. Las compañías discuten la propuesta.

Protección: Para estado
Margen de soberanía
“Es el derecho que se reserva el Estado (...) para retener en plena propiedad un porcentaje del ingreso bruto generado por la venta del petróleo crudo, proveniente del área del contrato”, consta en el documento.