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PONT-D'OUILLY, Francia. La Policía francesa detuvo el pasado 28 de febrero a tres miembros del grupo armado vasco ETA, entre ellos su jefe militar, Ibon Gogeascoechea Arronategui, y José Lorenzo Ayestarán, quien vivía en Venezuela desde 1984.

El presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional (AN) venezolana, Roy Daza, calificó ayer de “inválida” la acusación de un juez español sobre la supuesta vinculación del Gobierno de Hugo Chávez con el grupo separatista armado vasco ETA y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Daza afirmó que la supuesta argumentación sobre la cual el juez de la Audiencia Nacional española, Eloy Velasco, dicta la medida “está viciada”, porque “nunca ha oído a las partes involucradas” y se fundamenta en una causa perdida: el supuesto computador del fallecido líder de las FARC, Raúl Reyes.

Según el magistrado, con “cooperación gubernamental” venezolana, la ETA entrenaría a guerrilleros de las FARC para atentados en España contra personalidades colombianas, entre ellas el presidente, Álvaro Uribe y el ex mandatario Andrés Pastrana (1998-2002).

Velasco aseguró que hay indicios de la “cooperación” del gobierno de Venezuela, pues uno de los procesados es Arturo Cubillas, que llegó a Venezuela en 1989 como parte de un grupo de once etarras enviados desde Argelia, gracias a un acuerdo entre los gobiernos de los entonces presidentes venezolano, Carlos Andrés Pérez, y español, Felipe González.

Cubillas está casado con una ciudadana venezolana que ha ocupado varios cargos públicos en el gobierno de Chávez.

La Cancillería venezolana indicó su sorpresa porque en ningún momento en el auto judicial “se menciona el nombre de los autores de ese acuerdo”.

En un comunicado público, Pastrana pidió ayer “una respuesta clara” a Chávez, quien desde Montevideo, donde asistió a la posesión del mandatario uruguayo, José Mujica, calificó de “rezagos de un pasado colonial” a la denuncia.

El presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, pidió de inmediato explicaciones a Venezuela y el canciller Miguel Ángel Moratinos evitó hablar de sanciones diplomáticas, señalando que actuará en función de las explicaciones del gobierno venezolano sobre el caso.

El régimen colombiano se declaró a la espera del desarrollo de la denuncia. “Vamos a ver eso cómo procede y cómo se adelanta en cuanto a esas explicaciones y (esperamos) que sean satisfactorias”, dijo el canciller Jaime Bermúdez, quien recordó que en estos momentos Colombia está comprometida en recomponer las relaciones y buscar una “interlocución directa” con Venezuela.