Sorprende que un gobierno integrado mayoritariamente por tecnócratas responda con ideología y no con datos ciertos a la condena del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Asegurar que no saben con quién se metieron es solamente una rabieta para el consumo interno. Amenazar con retirarse de ese organismo es creer que una vez muerto el perro se acaba la rabia. Nada de eso sirve para enfrentar un problema que está ahí aunque no existan bases para la acusación, como en efecto no existen. Tampoco fue útil la exposición de cifras de la droga incautada en los últimos años, porque no es eso lo que pone en duda el informe. Este desconfía de la voluntad y la capacidad en el control del lavado de dinero, por lo que la única reacción coherente fue la que puso el balón en la cancha donde el Gobierno y los bancos juegan en el mismo equipo.

El GAFI sostiene que en Ecuador no hay un compromiso claro, de alto nivel político, para superar las deficiencias estratégicas en el lavado de dinero y en el financiamiento al terrorismo. Sin embargo, no presenta pruebas que sostengan esa afirmación ni alude a casos concretos para justificarla. Frente a eso, y si solamente se aplicaran términos jurídicos, el Ecuador no estaría obligado a comprobar su inocencia, sino que debería más bien exigir que se pruebe la culpa. Pero no estamos ante un hecho jurídico. Es un tema de política internacional que va mucho más allá de los preceptos legales y que supera también al pataleo nacionalista. Reivindicar la soberanía nacional suena a retórica cuando hay un problema concreto que debe ser resuelto en el menor plazo posible. Independientemente de la carencia de validez de la acusación, hay que considerar que esta ya fue lanzada y que producirá efectos negativos.

 Puede ser que en el fondo todo se reduzca a los convenios firmados con dos bancos iraníes, como lo ha destacado el Gobierno, pero no deja de llamar la atención que en la lista no aparezcan otros países que tienen similares acuerdos. Es probable que Ecuador haya sido considerado como el punto más débil de la cuerda o que existía terreno previamente abonado para sembrar acusaciones de esa naturaleza. El informe destaca este último aspecto cuando alude a las deficiencias estratégicas. Esta es una forma de llevar el tema al campo delicado y nunca bien tratado de la posición de sucesivos gobiernos nacionales sobre las FARC y, al mismo tiempo, aludir a ese otro agujero negro que es el sistema de justicia. Ahí están las grandes debilidades del país, no del Gobierno en particular, que ahora aparecen magnificadas a nivel internacional.

La respuesta de corto plazo y efectos limitados es la que destaca los esfuerzos en control de depósitos y circulación de dinero. Algo similar se lograría con una buena evaluación del monto que puede lavar una economía pequeña como la ecuatoriana. Pero la solución de largo plazo requiere de una política internacional que constate algo tan básico como que existe el mundo.