Si en realidad imperara la ley en nuestro país, el Alcalde no tendría justificación legal alguna para, invocando el derecho de resistencia consagrado en la Constitución, convocar como lo ha hecho al pueblo de Guayaquil a una marcha “pacífica” para este 11 de febrero.

El derecho de resistencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 de la Carta Magna, solo lo pueden ejercer  los individuos y los colectivos, pero no  las instituciones del Estado o sus representantes, pues de ser así se estaría  legitimando la rebelión –armada o no–, o lo que es más peligroso aún, un larvado separatismo similar al que la organización ETA viene propugnando en España.

Si somos realmente un Estado constitucional de derechos y justicia social..., como consagra la Constitución, debería el Alcalde agotar las instancias legales –que las hay– para obtener del Gobierno las rentas que a Guayaquil le corresponden.

Enrique Maridueña Garaicoa,
abogado, Guayaquil