El sábado, el Presidente de la República volvió a intervenir públicamente en el caso de Teleamazonas, presionando con eso para que se clausure el canal. Ocurrió días después de que varios fiscales se pronunciasen a través de un remitido de prensa sobre un accidente de tránsito en Quito.

Son dos ejemplos casi seguidos de cómo el Estado, lejos de garantizar la seguridad jurídica, pareciera resuelto a ponerla en cuestión.

La seguridad jurídica es un asunto que interesa a todos los ciudadanos, pero sobre todo a los de menores recursos, ya que sus bienes, su honra y su libertad dependen de la independencia y la probidad de quienes participan del sistema de Justicia. Son ellos, que no cuentan con influencias en los tribunales, los jueces, la policía o los fiscales, los que más peligran cuando desde alguna esfera del poder político, económico o social se intenta torcer los procesos judiciales.