Al menos cuatro de cada diez proyectos que ejecuta el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), amparado en cinco decretos de emergencia, no han cumplido los plazos de los contratos originales.

De acuerdo con el último reporte oficial de esta cartera, cortado al 31 de enero de este año, el MTOP informa sobre un total consolidado de 87 contratos a nivel nacional. De ellos, el 38% presenta retrasos.

La lista corresponde a las vías del Plan Relámpago y de otras que se financian con recursos del ya eliminado Fondo de Ahorro y Contingencia (FAC).

Sin embargo, en la información desglosada por provincias, este porcentaje sube al 50%.

A pesar del incumplimiento, está en trámite la ampliación de plazos en 22 casos.

Las obras viales con mayores retrasos se concentraron en 13 de las 24 provincias.

El cambio de los tiempos implica la firma de contratos complementarios o la ampliación de los plazos iniciales. Esta demora ha encarecido el valor de las obras en cerca de $ 250 millones desde el 2007 hasta enero de ese año, según los datos proporcionados por el MTOP.

De esta manera, el monto total destinado por el Gobierno a los 87 contratos pasó de $ 1.566 millones a $ 1.814 millones.

Pero además de los retrasos y el incremento en los costos, la Contraloría General del Estado identificó irregularidades en los procesos precontractuales y en la ejecución de obras del Plan Relámpago.

El examen especial de ingeniería Diapa-0033-2009 fue entregado al MTOP hace tres meses. En el análisis -que corresponde a todo el 2008 y el primer trimestre del 2009- se detectaron fallas en las pólizas de seguros, garantías caducadas, plazos sin sustento técnico, fallas en los textos de los contratos, entre otras.

Según la Contraloría, el MTOP incumplió la anterior y la vigente Ley de Contratación Pública al solicitar renovaciones de las garantías a las aseguradoras cuando esa es una obligación del contratista. Tampoco se pidió la renovación de las pólizas con exigencias mínimas como las firmas del ministro de turno y la empresa, con lo que se incumplió el contrato.

Entre las consecuencias de estas fallas, el organismo de control señala “que la entidad (el MTOP) no se encuentre debidamente protegida frente a eventuales incumplimientos con respecto a la ejecución del contrato”.

La Contraloría verificó que las garantías de siete contratos se habían caducado, por lo tanto los valores del anticipo y de fiel cumplimiento estaban desprotegidos. El valor de las garantías caducadas, a enero del 2009, sumaba $ 54,7 millones.

De las pólizas vencidas seis correspondían a Manabí y una a Zamora Chinchipe.

En el informe de la Contraloría, el MTOP aseguró que “todas las garantías de la anterior Ley de Contratación Pública están vigentes, por lo que los intereses del Estado están debidamente precautelados”.

Aunque la Contraloría admitió que el MTOP enmendó algunas fallas en la renovación de garantías, mantuvo observaciones: en la vía Pedernales-San Vicente se renovó la garantía hasta julio del 2009, pero las pólizas de la contratista Equitesa no tenían su firma ni la del ministro. La garantía de buen uso del anticipo de la Perimetral de Yantzaza, presentada por Simar Construcciones, se renovó hasta junio del 2009; sin embargo, las pólizas tenían la misma falencia del caso anterior.



Evaluación
La Contraloría evaluó el avance de los trabajos correspondientes a 39 contratos viales, 10 de fiscalización y convenios con municipios y prefecturas.

Defensa
El Ministerio de Transporte y Obras Públicas refutó el informe de Contraloría General del Estado asegurando que todos los contratos tuvieron el visto bueno del organismo en la etapa precontractual.