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El presidente Rafael Correa en una escuela inaugurada.

Este Diario publicó, el 7 de diciembre del 2009, una investigación que reveló relaciones tanto familiares como societarias entre varios contratistas de la Dirección Nacional de Servicios Educativos (Dinse).

Se develó a tres grupos de contratistas que acumularon más de $ 13 millones en obras. Uno estaba encabezado por el ingeniero Gonzalo Silva, quien aparece como ex administrador de la empresa Consulquito, junto con el actual director de la Dinse, Édison Vallejo. En el 2003 fueron designados como presidente y gerente de la compañía, respectivamente.

En una entrevista ofrecida el 2 de diciembre, previo a la publicación del reportaje, Vallejo ofreció a este Diario entregar los documentos precontractuales que dieron cabida a la contratación de los constructores vinculados a esos tres grupos de contratistas, sobre todo al encabezado por Silva. Hasta ahora, esos papeles no han llegado a este medio de comunicación.

En la última entrevista realizada al funcionario, se refirió al tema. Dijo: “(Son) grupos vinculados a los que yo no conozco... La vinculación es entre ellos, no con la institución”.

Al día siguiente de la publicación, el ministro de Educación, Raúl Vallejo, pidió un informe de esos contratos y, desde entonces, no se ha pronunciado públicamente acerca del tema.

Entre tanto, la Contraloría, la Fiscalía y la Secretaría Nacional de Transparencia y Gestión investigan los procesos de contratación de la Dinse.

La Contraloría tiene tres exámenes especiales abiertos. Uno por los procesos precontractual, contractual y de ejecución de obras educativas realizadas entre noviembre del 2007 y el 30 de junio del 2009. El segundo, por la readecuación de la escuela Ricardo Rodríguez, de Pifo (Quito), cuyo techo se cayó en septiembre del año anterior. Y el tercero, por 11 contratos cuyos contratistas  se descubrió que son familiares de ex funcionarios de la Dinse que trabajaban en la institución al momento de las adjudicaciones.

Por este último caso, la Fiscalía abrió una indagación previa el 2 de julio del 2009, que no ha terminado. La investigación está a cargo del fiscal Gustavo Benítez. Asimismo, la Secretaría Nacional de Transparencia y Gestión destinó un equipo para revisar esos contratos, pero no ha hecho públicos los resultados hasta ahora.