En uno de esos días heroicos de Montecristi y en medio de toda la confusa imaginación que se desplegó para poner en blanco y negro la anhelada democracia directa  apareció una idea sensata. Era algo tan sencillo y práctico como contar con un espacio dentro de los municipios y los consejos provinciales para que los ciudadanos pudieran expresar su opinión en los temas que los involucran. Se creó así  la silla vacía, cuyo metafórico nombre –novedoso en nuestro medio pero ya existente en otros lados– decía mucho acerca de su objetivo. Aunque tenía antecedentes tan lejanos como los cabildos abiertos de origen colonial, era una figura innovadora porque determinaba que la participación de la sociedad en las decisiones políticas ya no estuviera sujeta a la buena voluntad de las autoridades de esos organismos. Al establecerla como un precepto constitucional se la convertía en una forma obligada de escuchar a los interesados o afectados por las medidas que se van a tomar.

La idea era sencilla, y esa sencillez debía ser su garantía de efectividad y eficiencia. Se trataba, simplemente, de que todas las personas interesadas tuvieran la misma oportunidad para hacer oír su voz. Debían ser todas, porque si se restringía a una o a algunas se negarían los principios básicos de la igualdad ciudadana y del pluralismo. Sin embargo, las múltiples manos que fueron reescribiendo los textos constitucionales cambiaron ese sentido original, hasta que al final quedó establecido que la silla la “ocupará una representante o un representante ciudadano” (artículo 101). Al utilizar el singular (una o un) y no el plural (los y las), se perdió totalmente el sentido original que pretendía constituir un espacio en el que se expresaran todas-las-voces-todas, como diría una de las canciones que se desentonan en los gabinetes itinerantes.

La Ley de Participación, aprobada la semana pasada por la Asamblea, no solo profundizó el error (¿o mala intención?) constitucional, sino que introdujo otros elementos igualmente nocivos para una verdadera y efectiva participación. El principal de estos es que le otorga derecho de voto a la persona que haya sido acreditada. Por tanto, ella se convierte automáticamente en un edil adicional. A más de ser un absurdo en términos del irrespeto a la voluntad ciudadana, esta es una manera de abrir una puerta para que el partido más ágil y más madrugador acredite a una persona y con ello gane, sin elecciones de por medio, un concejal o un consejero adicional.

Pero, como si eso fuera poco, y en una involuntaria confesión de que el pluralismo es algo que debe ser castigado en tiempos de revoluciones ciudadanas, ese mismo derecho a voto se pierde cuando existe más de una opinión sobre el tema.

La silla está ocupada. Bueno, prácticamente ocupada. Solo es cuestión de ganar el primer puesto en la cola de la acreditación y denegar las solicitudes de quienes lleguen después. Una sola voz, con su respectivo voto, como corresponde a la democracia participativa, esa que dice te participo que he tomado esta decisión.