Antes de que el subsecretario de Agricultura, Rafael Guerrero, haya podido informar sobre la detención de dos empresarios bananeros, que ocurrió el viernes en Guayaquil, los acusados por el supuesto delito de fraude tributario y estafa ya habían recuperado su libertad.

Dimitry Martínez, representante legal de la compañía Bonanza Fruit, y Édison Villamarín, de la empresa Sorprisa, fueron detenidos la tarde del viernes  y trasladados a  La Maná (Cotopaxi), adonde el Subsecretario viajó ayer por la mañana para conocer bajo qué procedimientos fueron liberados los ejecutivos.

La Policía Judicial del Guayas informó que la captura de Martínez y Villamarín obedecía a una orden emitida por el juez cuarto de Garantías Penales de Cotopaxi, Nayo Vivanco, bajo el presunto delito de fraude tributario y perjuicio económico a una veintena de pequeños productores.

Citado por la agencia de noticias  Andes, el secretario nacional de Transparencia, José Serrano, señaló que tras las investigaciones que llevó a cabo el personal del Ministerio de Agricultura se determinó que Bonanza Fruit no estaba cumpliendo con el pago oficial de la caja de banano ($  5,40) a pequeños productores, sobre todo a los de La Maná, donde se interpuso la querella.

Explicó que al momento de pagar sus impuestos al Servicio de Rentas Internas  (SRI), “la empresa cancelaba en base a un supuesto ingreso que nunca percibieron, produciéndose un fraude tributario a favor de la empresa, que no demuestra sus ingresos reales, sino que hace paso con los pequeños productores a quienes el SRI efectiva sus impuestos que no son aquellos reales, produciéndose un error en cuanto a los valores a ser tributados”.

Según Serrano, la compañía bananera infringió el art. 575 del Código Penal y el art. 2 de la Ley para Estimular y Controlar la Producción y Comercialización del Banano, que establece la prohibición de pagar al productor un valor menor al precio mínimo de sustentación fijado para la caja de banano de exportación.

El ministro de Agricultura, Ramón Espinel, sostuvo el martes pasado  que se está trabajando en una nueva ley que reemplace a la normativa vigente del sector bananero, “que nos permita actuar de forma más contundente”.

Este Diario intentó comunicarse ayer con el subsecretario Rafael Guerrero, pero este no atendió su teléfono.  Se informó que hoy se pronunciará sobre este caso.