El Gobierno busca estrategias para ejecutar –a través de la banca pública– el convenio financiero que se firmó hace dos años y dos meses entre los Bancos Centrales de Irán (BCI) y  de Ecuador (BCE).

Así lo demuestran varias comunicaciones enviadas hasta agosto del 2009  por Karina Sáenz y Carlos Vallejo cuando eran gerente y  presidente del directorio del BCE. Aunque el actual presidente del directorio, Diego Borja, dice desconocer los pormenores del acuerdo y considera que la firma de un convenio no significa automáticamente la ejecución, pues hay por medio temas legales.

El problema de que una entidad ecuatoriana lleve adelante cualquier negociación con el Banco Central de Irán (BCI) y el Export Development Bank of Irán (EDBI) y el Banco Internacional de Desarrollo (BID) con sede en Venezuela, según un informe del propio  Central, es que se le puede incluir en la lista de la Office of Foreing Assets Control (OFAC).

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Esto significaría que esas entidades son consideradas como parte de aquellas que financian actividades ilegales como la industria de armas de destrucción masivas y podrían registrar sanciones penales y administrativas.

En este contexto, en el último año  ha habido una serie de encuentros, también desencuentros, entre ambas naciones.

El 16 de febrero pasado, Vallejo  hacía conocer su desacuerdo con una condición que había puesto el BCI de Irán para que el EDBI entregara una facilidad de crédito por $ 80 millones. La condición era que Ecuador entregue una garantía soberana, lo cual no constaba en el memorándum original.

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Luego de  ese imprevisto, en julio, la gerenta del  Central  buscaba estrategias para concretar el convenio a través de la participación de la Corporación Financiera Nacional (CFN) y el Banco del Estado (BEDE), tras una reunión  con delegados del BCI, el 6 de mayo del 2009.

Es que el memorándum de entendimiento consistía en el desarrollo de las relaciones bancarias, creación de oficinas de representaciones de los bancos iranís y el otorgamiento de líneas de crédito del EDBI (distinto al BCI) para la venta de bienes y servicios iranís.

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En este sentido, Sáenz envió un comunicado a la CFN para que analice una propuesta de acuerdo de pagos y bancario. También se dirigió al Banco del Estado para que se analice con el Ministerio de Finanzas “el mecanismo que se podría utilizar para viabilizar los recursos ofrecidos por Irán”,  y para ello adjuntó el Acuerdo de Facilidad de Crédito proporcionado por el Export Development Bank of Irán.

Adicionalmente le solicitó a la superintendenta de Bancos, Gloria Sabando, que entregara informacón financiera sobre las entidades del sistema nacional. La Superintendencia debía contactarse, según el pedido del Central, con el BID de Venezuela, para detallar las medidas legales por tomar a fin de abrir una sucursal en Ecuador.

Entre otras acciones, Sáenz envió una comunicación a Ali Hosnani, director general de Transacciones Extranjeras y Deuda Externa del BCI, en la que daba información sobre los servicios que  da el Central.

Entre tanto, Diego Zapater envió el 18 de junio pasado un informe a Diego Borja, ministro coordinador de la Política Económica, en la que explicaba los avances de la negociación.

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En uno de los hechos más recientes, ocurrido el 25 de agosto pasado, Jorge Orbe León, subsecretario de Relaciones Bilaterales de la Cancillería, pide al Banco Central informar sobre la “notificación de la cuenta internacional en euros para que Irán realice el depósito equivalente a $ 100 millones”.

Pese a estas comunicaciones, Borja, ahora también presidente del directorio del BCE, dice desconocer la naturaleza de los acuerdos que se firmaron; igual opina que cualquier país puede abrir una sucursal bancaria siempre que cumpla con todos los lineamientos legales, y concluye que si hasta el momento Irán no lo ha hecho, debe ser porque no los ha cumplido.

Aclara que el Central no puede intervenir en temas de comercio exterior. “El BCE tiene un papel financiero que no tiene que ver con compras y ventas a Irán”. Sobre los créditos desde ese país, explica que el Banco no puede aprobar endeudamientos, eso es tarea del Comité de Endeudamiento.

Sobre que pese a esos limitantes el convenio existe, explica,  “tenemos unos 200 mil convenios firmados con ‘n’ países  de todo estilo, pero antes de llevarlos a cabo se deben ver los temas operativos”.