Para demostrar que el auge del delito continúa imparable ya no hay necesidad de revisar números ni estadísticas; bastará con la noticia de que alguien se sustrajo el sello de la Intendencia de Policía y lo utilizó para liberar a decenas, quizás cientos de ladrones, asesinos y secuestradores. Los criminales ya no construyen túneles para escapar; lo hacen a plena luz del día, con el sello y la firma de las más altas autoridades políticas.

Para identificar a los responsables, la Fiscalía ha iniciado una investigación (una más ante el cúmulo de irregularidades en el sector público que luego no quedan en nada). Es lo que corresponde en el campo penal. Pero ¿y en el ámbito administrativo? En cualquier oficina pública o privada un escándalo así habría provocado la renuncia inmediata de las autoridades correspondientes, pero hasta ahora lo único que ocurrió es que el Gobernador ratificó su plena confianza en un Intendente que no puede cuidar ni siquiera su propia oficina.