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QUITO. Virgilio Hernández (PAIS), presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, defiende las bondades del informe del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial.

El informe del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial (Cootad) presentado por la Comisión de Gobiernos Autónomos abre el debate sobre la capacidad que tengan los gobiernos autónomos descentralizados (juntas parroquiales, cantones y provincias) de tomar sus decisiones con autonomía del gobierno central.

Aunque para el presidente de la Comisión, Virgilio Hernández (PAIS), el Cootad plantea la construcción de un país unitario, descentralizado y crea mecanismos para que en el futuro exista igualdad entre municipios, prefecturas y juntas  a través de un proceso de fortalecimiento institucional, los cuestionamientos a esta nueva ley  no se han hecho esperar.

Este proyecto busca regular la descentralización territorial y el sistema de competencias.

El vocal Andrés Roche (Madera de Guerrero) sostuvo que en el ámbito de la autonomía el Cootad tiene su limitante en la misma Constitución que, a su criterio, fija un concepto de ‘falsa’ autonomía o una autonomía ‘tutelada’.

Roche indicó que por una parte se dice que los gobiernos locales pueden desarrollar competencias exclusivas, pero por otro lado tienen que necesariamente responder a una entidad rectora, cuando el artículo 238 de la Constitución conceptualiza verdaderamente este principio estableciendo que la autonomía será administrativa, financiera y política.

“¿Pueden imaginarse que los municipios y gobiernos locales construyan, mantengan centros de salud y educación para que los administre el gobierno central? Eso no es justo, ese es un falso concepto de descentralización y autonomía. Ahora resulta que los que ponen los recursos son los gobiernos autónomos y los que los administran es el gobierno central, cuando debe ser al contrario”, aseveró Roche.

La vicepresidenta de la Comisión, Anny Vásconez (PAIS), defendió el informe de mayoría y expresó que no se está hablando de un Estado federal, sino de un Estado unitario y, por ello, a pesar de que los gobiernos autónomos tengan ‘cierta’ autonomía y competencias totalmente descentralizadas y desconcentradas se deben a un Estado Unitario, a una política y ordenamiento nacional.

“La planificación de los gobiernos seccionales debe estar supeditada a una planificación nacional, ellos pueden tomar las decisiones que crean convenientes pero dentro del ordenamiento jurídico establecido”, expresó la legisladora Vásconez.